Han avanzado las investigaciones tras la confiscación derivados cárnicos en una empresa de Alzina y otra que tenía almacenes en Bocairent, Chese y Real de Montroy. En total se han confiscado 500 t de las que se han retirado productos cárnicos loncheados y piezas enteras de jamón y paleta curados en supermercados de la cadena Family Cash de Museros, Xàtiva, Torrent, Gandia, Alzira y la Alqueria de la Comtessa.

También en la cadena Kuups se han retirado 20.000 unidades de diferentes productos sumando casi 7.358 kg.

Las marcas retiradas corresponden a las marcas Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita.

La trama también venía trabajando en Extremadura donde desde 2017 se han decomisado y destruido 275 t de productos cárnicos en mal estado, según la Fiscalía de Badajoz. En mayo de 2017 el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) acudieron a una empresa de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Allí decomisaron 50 t de productos cárnicos que presentaban putrefacción y la pérdida de las características organolépticas exigidas para su comercialización. Otras 49 t fueron destruidas por estar caducadas y no tener la trazabilidad correcta. También se inmovilizaron otras 22 t sin trazabilidad.

Los productos provenían de empresas de Oliva de la Frontera e Higuera la Real en Badajoz. En ellas se inmovilizaron 177 t.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha insistido en que esta trama afecta a varias comunidades autónomas, con el cierre de la otra empresa de Alzira (Valencia).