En una serie de recomendaciones aprobadas el 4 de julio sobre la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) afirma que la UE debe proteger en mayor medida los ingresos de los agricultores. Las recomendaciones permitirán reducir los efectos negativos de la elevada volatilidad de los precios con el fin de mantener la agricultura en toda la Unión Europea y conservar un tejido rural vivo.
 
El dictamen del CDR, elaborado por Jacques Blanc (FR/PPE) y aprobado por una amplia mayoría en el pleno del CDR, recomienda, en particular, que el ámbito de aplicación de la Directiva y la lista de prácticas desleales prohibidas se extiendan a todos los agentes de la cadena alimentaria. Asimismo, se propone incluir una prohibición de principio de las prácticas comerciales desleales, con miras a proporcionar una respuesta a posibles prácticas abusivas en el futuro.  
 
Aun cuando acoge con satisfacción esta iniciativa de la Comisión Europea, que tiene por objeto introducir una legislación europea para combatir las prácticas comerciales desleales que ya solicitó insistentemente en su Dictamen sobre la Regulación de la volatilidad de los precios, el Comité Europeo de las Regiones considera que esta Directiva no bastará para mejorar la situación de los agricultores si no se modifica el marco global en el que estos operan.
 
A la luz de lo anterior, Jacques Blanc, ponente general, señala que «también será necesario hacer que la contractualización resulte atractiva para los productores, establecer medidas complementarias en materia de transparencia de los precios, luchar contra la concentración excesiva de la distribución, la agroalimentación y los suministros agrícolas y desarrollar relaciones comerciales internacionales más justas en el ámbito de la agricultura».
 
Los ingresos de los agricultores son actualmente un 40 % más bajos que el salario medio. El valor de un producto agrícola se distribuye actualmente de la siguiente manera: el agricultor recibe un promedio del 21 %, el transformador el 28 % y el distribuidor el 51 %.  Los dirigentes locales consideran necesario actuar para invertir esta tendencia y aumentar el valor que vuelve a la agricultura de los gastos domésticos en alimentación, tal como se recomienda en el Dictamen del CDR sobre la PAC después de 2020.