Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma en ampliar hasta los dos kilómetros la distancia para la instalación de las granjas de producción de los núcleos urbanos a través de un decreto que verá la luz en septiembre de este año. Así lo ha anunciado esta semana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que desde el Gobierno regional se está cambiando la normativa existente duplicando así la distancia que hasta el momento regula el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, que marca en un kilómetro la separación de estas explotaciones respecto a la población.

En el decreto, que se publicará en septiembre de este año, se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha y, entre sus novedades, se encuentra que las explotaciones de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o ampliaciones de las ya existentes, además de lo requerido en la normativa básica estatal, no podrán situarse a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial.

Esta nueva normativa regional es “una declaración de intenciones, un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los intereses que manifiestan los ciudadanos y con el medio ambiente, porque aquí también hablamos de medio ambiente”, asegura el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural quien ha recalcado que en la región se apuesta por un modelo de ganadería extensiva y ejemplo de ello es que en Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un plan estratégico de ganadería extensiva a través del cual las ayudas públicas van destinadas al modelo extensivo de producción ganadera.

“No quiero que parezca que nos oponemos a la ganadería intensiva, que también es necesaria”, ha dicho, explicando que en la región “somos conscientes de que hay una parte de la ganadería que es intensiva”. “Castilla-La Mancha es probablemente la Comunidad Autónoma española donde menos ganadería de intensivo de porcino hay”, ha remarcado.

Asimismo, ha declarado que “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto empresarial, los ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”.

Así, ha dicho, “los alcaldes, concejales, las corporaciones municipales, los ayuntamientos donde se quieren instalar estas empresas deben ser conscientes de la importancia de la decisión que toman y deben tener en cuenta la opinión de los ciudadanos del municipio”. Martínez Arroyo ha destacado en este punto, “que sean los ciudadanos de los municipios” y no “como parece”, que “gente ajena a los municipios de Castilla-La Mancha quiere tomar decisiones por los habitantes de los municipios de Castilla-La Mancha”.

De esta manera, ha mencionado que “las corporaciones municipales son las que deben saberlo y está en su mano permitir o no una granja en su municipio”, y en caso de permitirlo, contará con “un informe ambiental muy estricto por parte de la Consejería que va a condicionar el proyecto empresarial como está sucediendo en los que se han aprobado”.

De otro lado, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha publicado esta semana la segunda convocatoria de ayudas para la mejora de explotaciones por importe de 40 millones de euros. En el caso concreto del porcino, las granjas de tamaño pequeño y mediano, de menos de 1.000 cerdos de cebo o de 200 madres en ciclo cerrado, todas ellas de tipo familiar, se podrán beneficiar de las mismas.