La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, Fesvet, ha emitido un comunicado con el que constata su apoyo "sin fisuras" a las movilizaciones, y las nuevas convocatorias de huelgas realizadas por USCAL, ante la postura "intransigente y prepotente" del gobierno autonómico que mantiene, "sin argumentos convincentes ni legales, un trato agraviante a los profesionales sanitarios no integrados en el SACYL, es decir a los que desarrollan prestaciones de protección de la salud preventivas, no curativas, entre los que se encuentran veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros, a los que considera personal funcionario de administración especial, en lugar de sanitaria, por lo que les niegan los derechos que tienen todos los empleados públicos del sector sanitario, regulados entre otras cuestiones por el Estatuto Marco del Personal Sanitario".

Según Fesvet, entre los derechos de los que no disfrutan estos profesionales está "la función pública mediante el procedimiento de concurso-oposición en que se valore la experiencia profesional, el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, el reconocimiento de la actividad docente que llevan a cabo en colaboración con la universidad o el reconocimiento de una especialidad propia de Veterinaria de Salud Pública dentro del Sistema Nacional de Salud, desarrollada en los términos que recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias".  

Ante todo esto, Fesvet, a través de su secretario general, Juan Antonio Rol, manifiestan su apoyo a los veterinarios en huelga y especialmente a los 192 profesionales que ejercen su actividad dentro de la inspección oficial en mataderos "velando desde la independencia, y en base a su formación científica y académica, por que las carnes y productos cárnicos que se liberan al consumidor no suponen ningún riesgo para su salud".

Esta organización también comparte con los sindicatos de Castilla y León que los ratios de veterinarios en los mataderos deben ser adecuados a las funciones de control oficial que llevan a cabo y que en ningún caso debe ser inferior a tres veterinarios en cada uno de los mataderos españoles.