Durante el pasado año se impusieron 54 sanciones por un importe de 580.000 euros a los propietarios de granjas que administraron sustancias prohibidas a animales o productos permitidos con fines distintos a los autorizados o bien no por no respetar los periodos de retirada legalmente establecidos en la normativa vigente. Se remitieron 32 expedientes a la autoridad judicial, habiéndose impuesto, por delito contra la salud pública, 2 penas con un total de 3 años y multa de 7.244 euros, según el Código Penal, así como 8 años de inhabilitació para la profesión de ganaderonEn el mismo periodo se identificaron y secuestraon en granja 112.418 animales, de las distintas especies y se intervinieron un total de 3.293 canales, de las que 51 fu eron consideradas como no aptas para el consumo humano.