Según estas organizaciones, en un momento en el que la discusión económica se centra en las medidas para reindustrializar e incrementar el empleo, parecen contradictorias las medidas tomadas por el Gobierno en materia de fiscalidad ambiental, incremento de costes laborales (cotizaciones a la Seguridad Social), aumento de los costes eléctricos y la aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas.

Este tipo de medidas, aseguran, minan la competitividad del sistema agroalimentario y de los sectores ligados al consumo, que podría disminuir aún más con el incremento o reclasificación del IVA "que parece vislumbrase", y que afectaría a muchos productos básicos para los hogares.

Ante esta situación, las organizaciones estiman que:

1. En materia de fiscalidad ambiental, destaca el impacto del impuesto de gases fluorados, utilizados en los procesos de refrigeración y mantenimiento del frío de los alimentos básicos, en un país cálido como España en el que no existe una alternativa viable. En el caso de la distribución se sitúa en una horquilla entre los 5.000 euros y los 30.000 euros por local. En el caso de la restauración hablamos de 1.000 euros/año por local.
2. En cuanto al impacto de la imposición sobre el empleo, derivado del RD 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en su disposición adicional tercera incrementa los costes de las cotizaciones en conceptos que anteriormente estaban exentos. Sólo en el sector de la restauración en la Comunidad Autónoma de Madrid se han incrementado un 9% los costes laborales y supone 800 euros/año por trabajador para el conjunto de los sectores. En Hostelería, además del incremento de los costes salariales, significa la desaparición parcial o total de una de sus fuentes de ingresos: los vales de comida. El incremento de costes supone la desaparición del 40 por ciento del mercado de vales, y una pérdida de facturación en torno al 2,5%, con una consecuencia sobre el empleo de 12.000 puestos de trabajo.
3. La distorsionadora carga impositiva autonómica, que suman ya más de 70 tributos, genera altos costes económicos y de gestión que se estiman en 1.300 millones de euros. Si bien su importancia en términos de recaudación es mínima e insuficiente para corregir el problema del déficit (sólo representan el 1,6% de los ingresos de las CCAA), su impacto sobre la inversión y el empleo es muy dañino.
4. Junto a estas medidas, destaca el incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas marcados por la orden IET/1491/2013 en un promedio de 125%. Por lo que se refiere al regadío, la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos –regulados- de más de un 1.000%. A esto hay que añadir la propuesta gubernamental sobre la cogeneración, que no solo paraliza este tipo de producción energética, sino que causa un grave quebranto a las inversiones realizadas en los últimos años.

Para las organizaciones estas medidas están haciendo que las empresas españolas pierdan competitividad, "poniendo en peligro la senda de la recuperación".

En cuanto a la posibilidad de una reforma fiscal, estiman que una reforma que se articule en base a incrementos impositivos que graven el consumo tendría un efecto devastador para los sectores. Además un nuevo incremento fiscal "tendría un impacto muy negativo no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas".

Las organizaciones han llevado a cabo un estudio, encargado al Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), en el que se estima que una posible subida del IVA del 10 (tipo reducido) al 21% (tipo general) supondría una caída de la producción de 16.032 millones de euros; una destrucción de 155.295 puestos de trabajo; una disminución de ingresos públicos de -2.183 millones de euros, y un aumento de las prestaciones por desempleo de 556 millones de euros.