Las industrias de la madera y el mueble, textil, curtido de pieles, maquinaria de bienes de equipo para cerámica, fritas, esmaltes y colores cerámicos, y productos para la construcción, han acordado unirse al Manifiesto firmado el pasado 20 de marzo por las industrias de los azulejos y baldosas cerámicas, papelera, alimentación y bebidas, y ladrillos y tejas, Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias. Con las nuevas adscripciones son ya 12 las asociaciones sectoriales que denuncian que la reforma eléctrica penaliza la eficiencia energética de sus industrias y actividades.

Se trata de las asociaciones Acexpiel, Anffecc, Asaja, Ascer, Asebec, Aspapel, Cepco, Confemadera Hábitat, Consejo Intertextil, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fiab e Hispalyt. Refrendan el documento que reivindica la cogeneración como herramienta clave de competitividad energética para la reindustrialización de España y piden al Gobierno una profunda modificación de la propuesta de Orden Ministerial de retribución que la hace inviable.

Otras organizaciones han expresado su apoyo al MANIFIESTO en defensa de los sectores industriales implicados, dado el grave peligro que corren estas industrias como consecuencia de la reforma eléctrica. Estas organizaciones son el ITC, Instituto de Tecnología Cerámica y AIDIMA, Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines.

De acuerdo con estas asociaciones, la reforma eléctrica maltrata a la cogeneración, penalizando a las industrias y actividades que contribuyen a la eficiencia energética del país. Desde que se iniciara la reforma eléctrica, impuestos al gas, a la generación, al CO2, otros recortes y ahora la propuesta de Orden Ministerial han ido golpeando a la cogeneración hasta llevar a las plantas a las pérdidas operativas. Las industrias asociadas están viendo disparar sus costes energéticos poniendo en riesgo su capacidad de producir, competir, exportar, mantener la actividad  y el empleo.

La propuesta de Orden Ministerial directamente sitúa en pérdidas operativas a la mayoría de las plantas;  los costes e impuestos son superiores a la retribución que fija el Gobierno. La normativa incumple la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que garantiza “cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable”.

El impacto sobre la competitividad de las industrias, capacidad de exportación y empleo complicarán la recuperación económica, según las asociaciones, ya que podría generarse un escenario de cierres, deslocalizaciones y pérdida de empleo en las industrias asociadas a la cogeneración a las que se impide tener costes energéticos competitivos en un momento en el que todos los países de Europa tratan de atraer inversiones e industrias a sus territorios y de impulsar la actividad industrial como pilar para crecer y revertir la crisis.

Las consecuencias del cierre de plantas de cogeneración conllevarían la caída de la demanda nacional de gas del 10%, la pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos, sin duda el peor escenario para la anunciada recuperación económica.