La manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10 a un 21% ha tenido una positiva acogida entre las organizaciones empresariales de la alimentación, el gran consumo y la hostelería.

Sin embargo, según manifiestan, sigue siendo necesario instar a organismos internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, a que tengan en consideración los esfuerzos y ajustes que la sociedad española ya ha asumido, así como la realidad económica del país y del empresariado para evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional.
 
Todas las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, ACES, Asedas, CEC, FEHR y Fehrcarem), que juntas representan más del 20% del PIB nacional, consideran que aunque las muestras de recuperación económica siguen siendo tímidas, las organizaciones internacionales no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo en nuestro país ni tienen en cuenta que las características socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de los países vecinos europeos, lo que impide asumir nuevas medidas impositivas.
 
Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra. De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 y 800 euros, un aumento que pondría en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo que tan importante es para el conjunto de la economía española.

En este sentido, desde el sector consideran urgente impulsar una reforma global del sistema tributario, puesto que se trata de una medida realmente necesaria y evitaría la reclasificación que no sólo no estimularía el consumo, sino que lo coartaría de forma clara.
 
Asimismo, otra de las medidas que el colectivo considera urgente es garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal.