Carlos Cabanas, secretario general Agricultura y Alimentación del Magrama, ha presidido la reunión constitutiva del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un órgano consultivo y de participación en el que se integran representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, así como de la producción, transformación y distribución del sector agroalimentario, y de los consumidores. Cabanas ha pasado revista a las actuaciones llevadas a cabo por AICA desde su creación. Así, respecto a los sistemas de información de mercados.

También ha indicado que AICA ya está investigando las denuncias por incumplimientos a la ley de mejora de la cadena alimentaria. En el caso de que se verifiquen dichas infracciones, se impondrán las sanciones correspondientes. Además, si AICA detecta alguna otra infracción, a otra norma, se trasladará a la autoridad competente, ya sea alguna comunidad autónoma o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

En la reunión del consejo también se ha presentado un Plan de Control que se aplicará y desarrollará durante el segundo semestre de este año. Comprende cuatro Programas de Actuación. El primero y el segundo están relacionados con el control de las obligaciones impuestas a los operadores en sus declaraciones a los sistemas de información de mercados y al control del cumplimiento de los pagos de las aportaciones obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales en el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. El tercero incluye las comprobaciones en caso de denuncias por infracciones a la ley de mejora de la cadena alimentaria.

Por último, el cuarto programa incluye las comprobaciones de oficio por infracciones a la ley de mejora de la cadena alimentaria. A su vez, este cuarto programa se divide en dos: un programa sectorial para los aceites de oliva envasados y leche líquida envasada, que se basará en un protocolo de actuación en el que se especifican las actuaciones de AICA, en casos de precios anormalmente bajos; y un programa de actuaciones por indicios razonables, que incluirá las investigaciones a realizar si dichos indicios están plenamente acreditados.