La Guardia Civil, dentro de la operación “Chandal”, ha desarticulado una red que durante 2009 y 2013 había exportado más de 139.000 t de harinas cárnicas y gallinazas mezcladas con otros productos a 41 empresas de diversos países extracomunitarios, principalmente de Asia y África, valoradas en 23 millones de euros. Se ha detenido a 3 personas y se ha imputado a otras 68 por los delitos contra la salud pública, falsedad documental, estafa, contra la hacienda pública, contrabando, asociación ilícita e insolvencia punible.
 
La operación se inició a raíz de un informe emitido por los servicios periféricos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla la Mancha, en el que se ponían de manifiesto irregularidades detectadas en las empresas investigadas durante los controles oficiales efectuados.
 
Los agentes detectaron que estas empresas utilizaban para la fabricación de piensos subproductos animales no autorizados, y que contenían sustancias que podrían ser perjudiciales para la salud animal y el medio ambiente, por lo que no cumplían con lo estipulado en el Reglamento Europeo que regula estos productos.
 
Este Reglamento recoge que los animales de granja no deben alimentarse con material de alto riesgo ni con subproductos derivados de su propia especie. También establece que para prevenir efectos perjudiciales para el medio ambiente no se pueden exportar los subproductos animales y productos derivados incluso para su eliminación en vertederos o mediante incineración.
 
Los miembros de la red introducían en una empresa de Minglanilla (Cuenca) harinas cárnicas, procedentes de industrias de transformación de cadáveres y gallinaza, subproductos cuyo único destino permitido, tras ser sometido a un tratamiento previo, es el vertedero o la incineradora. Para ello, falseaban los documentos que justificaban la trazabilidad de los movimientos de subproductos animales, contando con la colaboración necesaria de una empresa de transportes y de otra encargada de la gestión de un vertedero.
 
En algunos casos exportaban directamente la mercancía desde el Puerto de Valencia, y en otros, se la vendían a operadores intracomunitarios que se encargaban de exportar la mercancía desde Valencia o la enviaban a puertos de Italia y Chipre desde donde la remitían a países externos a la Unión Europea. Con este proceso pretendían evitar el control de la Aduana Marítima del Puerto de Valencia a las empresas que se estaban investigando.
 
Por otro lado, crearon una empresa en Chipre para vender la harina cárnica elaborada en España mediante movimientos intracomunitarios que están exentos de declarar su exportación. Los documentos necesarios para exportar harinas cárnicas en este país van acompañadas por un  documento  comercial  que se extrae  de la aplicación Traces (sistema informático veterinario integrado que facilita los trámites aduaneros de las mercancías) y necesitan de una autorización previa de destino para su envío.
 
Asimismo, en Panamá crearon otra empresa con la que facturaban parte de la harina cárnica elaborada.  El dinero adquirido por dichas ventas era ingresado en una cuenta de un banco suizo. Con estas operaciones consiguieron evadir el capital obtenido a la Hacienda pública española.
 
Para evitar que los Servicios de Inspección portuaria detectasen la exportación de la harina cárnica, la red declaraba la mercancía como abono, fertilizantes, cereales, etc. y la ocultaban entre productos vegetales que situaban en la parte más próxima a la puerta de los contenedores.