El domingo por la mañana se desató un incendio en la planta que Campofrío Food Group tiene en el polígono industrial Gamonal de Burgos. El fuego se inición a las 6:45 horas en la zona donde se elaboran los derivados cárnicos cocidos. Las instalaciones, según el alcalde de la capital burgalesa, han quedado "totalmente destrozada" y en ella trabajaban más de 1.000 personas. No ha causado heridos ya el personal que se encontraba trabajando fue evacuado rapidamente.

De acuerdo con el relato de los bomberos el material que arde es altamente inflamable por lo que dificulta poder apagarlo. Por otro lado, la toxicidad del humo provocado ha obligado a evacuar a los vecinos de barrios cercanos y ha hecho que se cerrara la actividad del aeropuerto de Burgos.

Las labores de extinción podrían durar varios días, según los bomberos y al tiempo se llevarán a cabo pruebas medioambientales para conocer el impacto que ha tenido en la zona.

Desde la empresa, a través de un comunicado han informado que "los efectos sobre las instalaciones de la fábrica son considerables" y que se han tomado las medidas necesasrias para "garantizar el suministro de sus productos al mercado a través de sus otras fábricas, tanto en España como en otros países del grupo Campofrío Food Group". También reconoce el compromiso de invertir en Burgos para recuperar la capacidad productiva lo antes posible

Esta planta llevaba activa desde 1997, en que fue inaugurada por el Rey Don Juan Carlos. Contaba con las tecnologías más modernas para la elaboración de embutidos y jamones curados, productos cocidos y loncheados, además de contar con la homologación para exportar a numerosos mercados.

Campofrío ha sufrido otros graves incendios en sus plantas productivas. El anterior tuvo lugar en Arganda del Rey, a comienzos de octubre de 2001. En él perdieron la vida dos empleados y supuso el cierre de la planta.  Campofrío y su aseguradora en esa ocasión litigaron con la constructora de la planta y la firma de ingeniería. Tras un largo proceso lograron una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al pago de 15 millones de euros.