Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación del Magrama, ha presidido la reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en la que ha presentado los datos de actividad de la Agencia  desde su creación en enero de 2014, hasta el 30 de abril de 2015. Un periodo, ha señalado Cabanas, en el que AICA “ha investigado, sancionado y divulgado ampliamente la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de  la Cadena Alimentaria”.

Cabanas ha expuesto los resultados de la labor de la Agencia, que se han materializado en la realización de 555 inspecciones a empresas, que han supuesto 2.000 controles de operaciones comerciales. De esas empresas inspeccionadas 352 corresponden a los sectores de frutas y hortalizas, 36 a carne de pollo, y 167 a  leche líquida envasada y aceite de oliva envasado.
 
Unas  inspecciones que se han saldado con 110 expedientes sancionadores incoados por incumplimiento de la Ley, lo que supone el 20% de las inspecciones realizadas.
 
En relación con esos expedientes, el secretario general ha destacado “los del sector de la distribución comercial mayorista, en concreto,  los mayoristas de frutas y hortalizas, que son los operadores que más expedientes sancionadores acumulan, con un 72% del total, seguido del sector de la distribución comercial minorista, con un 24%”. Otros sectores, sin embargo, como la industria y  la producción, tienen un 2% cada uno del total de expedientes sancionadores.
 
En cuanto a las infracciones que han dado lugar al inicio de más expedientes sancionadores,  Cabanas, ha destacado el incumplimiento de los plazos de pago, que ha supuesto el 40% del total, seguida de la falta de remisión a AICA de la documentación solicitada (19%) y la ausencia de contratos (15%).
 
Además, el secretario general ha recalcado que AICA ha recibido en total 78 denuncias por incumplimientos de la Ley 12/2013 y ha incidido en que “todas son investigadas”.
 
De esas denuncias recibidas en AICA, el 45% han tenido como causa la “venta a pérdidas”. Una práctica, ha recordado Cabanas, prohibida por la Ley de Comercio Minorista y en la que la competencia para instruir los expedientes sancionadores  corresponde a las Comunidades Autónomas. Por ello, ha explicado,  “AICA ha trasladado esas denuncias a las autoridades competentes, para que investiguen y sancionen en cada caso”.
 
En materia de sanciones, el secretario general ha explicado que hasta el 30 de abril de 2015, el Ministerio ha impuesto 10 sanciones, una procedente de una denuncia, y 9 derivadas de las inspecciones de oficio.
 
De las 10 propuestas, 7 son para distribuidores minoristas  y 3 son para distribuidores mayoristas. 8 son por no contestar los requerimientos de AICA y 2 por ausencia de contratos.