La sección primera del Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca (Colombia) ha admitido a estudio la demanda presentada por la Asociación Nacional de Empresas Cárnicas de Colombia, Asocárnicas, entre otros organismos al considerar que han sido víctimas de las medidas tomadas por el gobierno colombiano al retrarsarse la entrada en vigor del Decreto 1.500 de 2007.

Según afirman, en la información ofrecida por la emisora de radio La F.M., este gremio ha sufrido las medidas gubernamentales que han llevado "prácticamente a la quiebra al sector ante el aplazamiento del decreto nº 1.500 del 2007, produciendo pérdidas económicas considerables".

Desde el Tribunal se ordena a la Presidencia de la República que responda en un plazo máximo de 10 días sobre la demanda. Según el director ejecutivo de la organización de empresarios cárnicos colombianos, Ignacio Amador, la demanda en contra del Gobierno podría alcanzar los 200.000 millones de pesos (62 millones de euros).