Según los datos publicados por el Departamento de Agricultura de la Generalitat, las materias primas que se utilizan para la alimentación animal, como la soja o el maíz, han sufrido últimamente unos aumentos muy significativos, habiéndose llegado a situar el precio del pienso de engorde en los 322 euros/t, lo que significa que este producto ha registrado desde principios de año un incremento del 34,7%.

En España, el precio del porcino se ha incrementado en un 35,2%, lo que significa que el aumento de los costes de producción se ha trasladado hacia el siguiente eslabón de la cadena, o sea a las empresas cárnicas. Recientemente, la Comisión Europea, en la reunión del Comité de Gestión de Porcino, corroboraba que España es el principal país productor de cerdos de la UE con las cotizaciones porcinas más elevadas, un 15,6% por encima de la media europea.

A la vista de esta situación y ante la negativa de la gran distribución a trasladar los precios de los productos a los consumidores y, en particular los cárnicos, el secretario general de Fecic, Josep Collado, considera que “hay que instar a la Generalitat para que mediante el Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha por el Departamento de Agricultura, se garantice la translación de los costes a lo largo de la cadena de porcino, para evitar así la posición dominante de la gran distribución en esta materia”.

Este código se creó con el objetivo de mejorar las relaciones entre los diferentes tipos de operadores en toda la cadena de valor mediante el establecimiento de un marco de referencia contractual y “es por eso que ahora se puede demostrar su valor o su total ineficacia como herramienta de utilidad sectorial”, añade Collado.

En esta misma línea se ha manifestado la Asociación Europea de Industrias Cárnicas (CLITRAVI) en un escrito dirigido a miembros del Parlamento Europeo, de organizaciones agrícolas y de representantes de la distribución, donde se ha denunciado esta situación, que imposibilita la translación de los incrementos de los costes. También denuncia esta situación el informe Consumers International, que en sus conclusiones evidencia la posición dominante de la distribución en relación a los fabricantes, pero también frente a los consumidores, y de los efectos negativos que supone sobre los dos colectivos esta situación abusiva.