La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Lanzarote, ha aprobado la Programación de Actuaciones de Control de la Calidad Comercial Alimentaria 2008 que garantiza el cumplimiento de la legislación alimentaria para finalmente lograr prácticas equitativas en el comercio de alimentos y la protección de los intereses de los consumidores, incluido el etiquetado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora un documento, en el que se recogen los objetivos y criterios, que contiene la programación de las actuaciones de control oficial de la calidad comercial alimentaria anualmente, ratificado en la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria.

Al establecer la programación de actuaciones para este año, se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- Aplicación de normativa reciente o con previsión de publicación en el año 2008.
- La importancia relativa de las diferentes producciones alimentarias en cada Comunidad Autónoma.
- La coordinación de los servicios del control oficial de la calidad comercial de todas las Comunidades Autónomas.
- La estructura de los distintos sectores que operan en la producción y distribución, en cada Comunidad Autónoma, en función del número de empresas, el volumen de producción o facturación de las mismas y sus recursos técnicos.
- Los conocimientos, la experiencia y los resultados derivados de las actuaciones de años anteriores.
- La problemática que afecta a sectores y productos específicos.
- Las inquietudes manifestadas por los sectores y por organismos administrativos.
- Disponibilidad de medios personales, técnicos y materiales.
- Eficiencia y servicio a los ciudadanos.

Este documento se elabora con base en las actuaciones programadas por los servicios de control de la calidad comercial de las Comunidades Autónomas, que van dirigidas a controlar las normas que regulan los productos alimenticios como sus características, etiquetado, procedimientos de elaboración y su presentación, así como de su publicidad, vigilar la lealtad de las transacciones en materia de producción y comercialización alimentarias, y la prevención de las infracciones a la normativa sobre calidad alimentaria, entre otras.