Oficialmente se trata de un documento que el veterinario firma antes de que el ganado bovino, ovino y caprino se transporte al matadero y garantiza la inexistencia de posibles enfermedades. Sin embargo, UPA y el resto del sector siempre ha considerado que dicho certificado no aporta más garantías sanitarias a la carne consumida y sin embargo supone un coste añadido para los ganaderos.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos indica que nuestro país es el único de la Unión Europea que se ve obligado a pagar este impuesto, mientras que a la carne importada que llega a España no se le exige dicha certificación.

UPA apunta que lo que realmente aporta garantía sanitaria de la carne que consumimos no es el certificado veterinario, sino los procesos a los que están sometidos los animales y la carne a lo largo de toda la cadena cárnica, desde la granja al consumidor.

En este sentido, nuestra organización considera suficiente control la Guía de origen y sanidad pecuaria expedida por los servicios veterinarios `ante mortem´ a cargo del veterinario oficial en el matadero antes del sacrificio del animal, la retirada de los materiales específicos de riesgo en los mataderos y salas de despiece, el test de detección de la EEB a aquellos animales que la legislación establece y la adecuada trazabilidad de las canales hasta el consumidor final.

En todo caso UPA no entiende que nuevamente se haya retomado el cumplimiento del certificado veterinario después del recurso presentado por los veterinarios. Nuestra organización considera que supone un coste muy elevado para los ganaderos, y no significa que haya garantía adicional alguna para el consumidor, ya que las reses destinadas al consumo ya pasan por un estricto sistema de control en laboratorios especializados.