"Los ganaderos tendrán que pagar las consecuencias del pulso entre el Gobierno y el Colegio de Veterinarios", ha advertido esta organización en un comunicado.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha suspendido la vigencia de una orden ministerial de octubre de 2007 que suprimía el certificado, por lo que vuelve a estar en vigor este requisito "en cuya utilidad para garantizar la calidad alimentaria no cree ni el sector ni la Administración".

"Durante los últimos meses la exigencia del certificado había quedado suspendida, lo que irritó únicamente al Colegio de Veterinarios, ya que obviamente hacía perder ingresos a los veterinarios que firmaban estos documentos, un trámite que se realiza sin ver si quiera a los animales, lo que es bastante ilustrativo de su total ineficacia", ha subrayado Asaja. Sin embargo, "mientras que el Colegio de Veterinarios se ha empleado a fondo para defender los intereses de sus asociados, el Estado se ha olvidado de defender la causa de los ganaderos". "A la postre, es sólo un impuesto revolucionario pagado por el ganadero, sin sentido alguno", según Asaja, que ha pedido al Gobierno que cambie "de modo irrebatible y diáfano" la norma, "sin posible vuelta judicial".