De momento, se ha elaborado un borrador al que podrán presentar alegaciones durante los próximos días con el objetivo de diseñar un abandono subvencionado para los ganaderos de ovino de la región.

La situación de crisis ganadera por la que están atravesando los profesionales del campo se ha hecho más crítica en este colectivo, llevando en muchos casos al abandono a los ganaderos de ovino. Por eso, la consejera Silvia Clemente anunció la elaboración de este plan de reestructuración al que podrán acogerse, una vez aprobado, los ganaderos mayores de 55 años que no tengan posibilidad de ceder su explotación a un joven (en este caso se aplicarían las subvenciones del cese anticipado). Su salida de la actividad vendría acompaña de una ayuda económica que todavía no está definida, mientras que los animales irían al matadero.

De esta forma se recuperaban de nuevo, tras el verano, las reuniones entre la Administración regional y los representantes de las organizaciones agrarias (Asaja, UCCL, UPA y Coag). Entre todos consensuaron un documento que enviarán al ministerio de Medio Rural «en las próximas semanas» en el que piden que, a la hora de repartir los fondos procedentes de la Unión Europea con motivo de la aplicación de la OCM del vino, se prime «el esfuerzo por la calidad, la promoción de los vinos y la reestructuración de los viñedos que se ha hecho desde Castilla y León», según Dujo. Por su parte, desde UCCL, insistieron en que la región tiene que recibir una cuantía proporcional al peso que el viñedo regional tiene en el conjunto de España, «apostando por medidas basadas en el fomento de la competitividad, de la producción, medidas de futuro todas ellas frente a otras como la inclusión de este producto en el Pago Único que se considera un paso atrás». Gabinete de crisis

Por otro lado, y a petición de las organizaciones, se exigió a la consejera que se cree un gabinete de crisis en las provincias que se están viendo más afectadas por los brotes de lengua azul (norte de Palencia, Burgos y León). En este sentido se acordó además extender las vacunas contra esta enfermedad, empezando por las explotaciones de ovino, a todas las provincias puesto que, como se aseguró en la reunión, la demanda está garantizada. No obstante, y lejos de considerar este brote como un problema aislado, UPA defendió que las diferentes mesas provinciales de trabajo estén constituidas por el Servicio Territorial de Ganadería junto a las organizaciones agrarias con el objeto de hacer un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en las diferentes unidades veterinarias. Y es que, a su juicio, es necesaria la «total transparencia» para que los ganaderos tengan la máxima confianza.

Se abordó también el problema que tienen los ganaderos de vacuno de leche con las industrias lácteas que, en las últimas semanas no están recogiéndoles el producto. Las organizaciones pidieron la intermediación de la Junta para acabar con esta situación y exigir un «precio razonable» para los profesionales. María Jesús Pascual asumió el compromiso y se lo trasladará la semana que viene a las industrias lácteas.