En primer lugar, mejorar la coordinación de la política de seguridad española comunitaria, reforzando la colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), con la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) y con las CC.AA.

En segundo lugar, impulsar la actuación coordinada de la Administración General del Estado, aprobando una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que incorpore los desarrollos recientes que han tenido lugar en la UE, y desarrollando procedimientos de colaboración entre las autoridades aduaneras, la mejora de controles de seguridad alimentaria de los productos y del etiquetado de alimentos, incrementando y difundiendo el conocimiento en seguridad alimentaria y la prevención de riesgos biológicos, químicos y nutricionales de la alimentación.

Y por último, reforzar la coordinación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, promoviendo la participación de las Corporaciones Locales en los órganos colegiados de seguridad alimentaria de la AESAN, la implicación de sectores y las asociaciones de la producción primaria, industria alimentaria, distribuidores y restauración; el desarrollo de campañas de información a los consumidores y el fomento en los medios de comunicación del tratamiento responsable de las noticias en materia de seguridad alimentaria, incidiendo en las actividades de formación.