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La Comisión Europea propone medidas contra los abusos en los contratos entre los productores y los supermercados

La Comisión Europea (CE) ha propuesto una serie de medidas, a escala comunitaria, para evitar los contratos abusivos entre los agricultores, las industrias y los supermercados a la hora de fijar los precios de los alimentos.

El Ejecutivo comunitario ha presentado un informe con ideas para tratar de corregir las desigualdades en los márgenes de precios dentro de la cadena alimentaria, que con la crisis financiera se han acentuado en sectores como el de la leche o el cárnico, con los consiguientes problemas económicos para los productores.

Por ello, Bruselas quiere impulsar actuaciones dentro de la UE para prohibir relaciones contractuales injustas y facilitar que en su caso, sean penalizadas. Asimismo, la CE propone una mayor vigilancia de los acuerdos entre el productor, las industrias y la distribución e incluso planea impulsar unos "contratos estándar" para el sector agroalimentario europeo, aunque con un carácter voluntario.

La Comisión quiere promover campañas informativas para concienciar a cada sector de sus derechos y de las prácticas que pueden ser ilegales. Las propuestas han sido preparadas por los servicios del comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, y de la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel.

En su informe, la CE ha publicado la primera versión de un Observatorio de precios europeos, para comparar las cotizaciones por países y en algunos productos, como la leche, hacer un seguimiento mayor desde el origen hasta el consumidor. Además, la CE ha alertado del riesgo de que, una vez que pase la crisis financiera, el "mal funcionamiento" de las relaciones en el sector agroalimentario provoque que los alimentos se encarezcan de forma desproporcionada para el consumidor, caiga su poder de adquisición y en consecuencia, se ralentice la recuperación de la economía.

Respecto a prácticas como los carteles, acuerdos de compra o el uso de marcas privadas, Bruselas quiere analizar más a fondo su efecto contra la competencia. En este caso, la CE quiere supervisar, por ejemplo el impacto de acuerdos que obligan a adquirir productos locales en el precio final que paga el consumidor.

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