La Política Agrícola Común (PAC) ha constituido en el último medio siglo uno de los instrumentos de cohesión de la Unión Europea, un mecanismo de apoyo al sector agrario y para la construcción de un mercado único. Pero todo ello tendría los días contados, según se desprende de la comunicación que ha elaborado la Comisión Europea sobre la reforma de los Presupuestos comunitarios a partir de 2013 y hasta 2020.

La comunicación es una declaración de principios, y no concreta cifras de recorte ni de redistribución del gasto, aunque en algunos medios se habla de un futuro ajuste en la PAC del 50%. Bruselas sí deja clara la necesidad de una nueva política en la asignación de los recursos, dando prioridad a actividades que supongan un mayor valor añadido para promover el empleo, la investigación, el transporte, el cambio climático o las energías renovables. Y, sobre todo, la no consideración del sector agrario como estratégico para el empleo ni para la seguridad alimentaria en la UE. La Comisión justifica ese cambio respondiendo a los resultados de una consulta pública realizada en los últimos meses.

En 2009, sobre un presupuesto total de 133.800 millones de euros, los gastos agrícolas suponen el 41,3%, unos 43.000 millones, a los que se añaden otros 13.000 millones, en fondos para desarrollo rural.

Aunque no se trata de un documento oficial, en medios agrarios se teme un mayor deterioro del sector. En medios de la Administración española se ha recibido con prudencia, pero también con preocupación. El secretario de Estado de Medio Rural, José Puxeu, rechaza la propuesta. El tema será abordado en el primer Consejo de Ministros bajo la presidencia española en el primer semestre de 2010.

La comunicación supone un paso más en el desmantelamiento de la PAC iniciado en los años precedentes. Propone seguir desmontando los mecanismos para la regulación de los mercados que está provocando las actuales caídas de precios. En su lugar, plantean una ligera red de seguridad. España propone reforzar los mecanismos de regulación. Además, los pagos directos actuales no se harán por criterios históricos, sino en función de que esos agricultores cumplan actuaciones medioambientales. También habrá nuevos recortes en los pagos directos a los agricultores aumentando la modulación hoy del 8%, que en 2013 será del 10% y que podría llegar al 20% en 2020. Los recortes se destinarían a ese bolso sin fondo llamado desarrollo rural. Y habrá menos fondos para pagos directos. Para mantener los niveles de ayuda, Bruselas aboga por una cofinanciación por cada uno de los países miembros, lo que supondrá romper más el mercado único. Las ayudas nacionales pueden alcanzar los 15.000 euros por explotación, informa El País.