Esta sentencia con fecha de octubre de 2009, confirma otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ya dio la razón al sindicato UGAM-COAG en un recurso que planteó contra la orden del gobierno de Cantabria que regula las normas de control sanitario y para las campañas de saneamiento en la región. El TSJC señaló en su fallo que la normativa estatal básica ampara la posibilidad de llevar a los animales contaminados a mataderos autorizados de una comunidad distinta a la que exige el sacrificio de la res. Basaba esa decisión en que la libertad de empresa da al ganadero la facultad de decidir libremente la forma en que organiza los recursos y atiende las necesidades de explotación.

Ahora, el Supremo apoya estos argumentos y subraya que la orden de la Consejería supone "claramente una agresión competencial" a otras comunidades y una "infracción" del principio de unidad de mercado.