El peligro que esta organización aprecia para las 242 explotaciones de cerdas reproductoras existentes en las comarcas gerundenses es que los ayuntamientos les denieguen el permiso de obras para llevar a cabo la ampliación.

Los ganaderos han denunciado también el "via crucis" que sufren en diferentes municipios de la demarcación cuando quieren incrementar el espacio, ya sea para adaptarse a la ley de bienestar animal o para mantener la viabilidad económica de las granjas.

Este sindicato agrario llevó el caso ante el Síndic de Greuges, quien recordó al Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAR) que este sector es una pieza clave para preservar la actividad agrícola y ganadera.

El responsable del porcino de JARC en Girona, Salvi Marull, ha explicado que, a pesar de las explicaciones del Síndic, desde el departamento se han desentendido de esta problemática. Según la organización agraria, el gobierno catalán se limitó a comunicar que hará llegar informes no vinculantes a los consistorios. "Si un ayuntamiento no quiere esta actividad, la Generalitat tendría que mediar para intentar hacerla posible o para lograr su traslado", ha señalado Marull.

Los responsables de los jóvenes agricultores han recordado que sólo un 7% del total de explotaciones porcinas que hay en las comarcas de Girona están situadas a más de un kilómetro de un núcleo urbano, que es lo que establece la normativa, porque las urbanizaciones se han ido acercando a estas granjas.