El Consejo de ministros aprobó el pasado 29 de marzo por mayoría, un documento de la presidencia española de turno de la UE, con ideas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que los agricultores y los productores son considerados los eslabones más débiles.

El documento incluye iniciativas "a largo plazo" para conseguir que el funcionamiento de la cadena alimentaria sea "más eficiente", según ha declarado a la prensa el consejero de Agricultura de Cataluña, Joaquim Llena, que este semestre representa a las comunidades autónomas en el Consejo de la UE.

El texto ha sido apoyado por todos los países, excepto por el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y la República Checa, por cuestiones relacionadas con las posibles excepciones de los productos agrícolas a las reglas de la competencia, según fuentes comunitarias. Entre las propuestas acordadas están poner en marcha "controles más estrictos" para combatir prácticas desleales como las ventas a pérdidas o la tardanza en los pagos en las operaciones comerciales.

Por otra parte, la UE ha pactado impulsar una "autorregulación de los contratos" entre agricultores y las industrias, así como la adopción de un código de buenas prácticas. En este sentido, los ministros han pedido a Bruselas que prepare modelos estandarizado de contratos que luego podrán utilizarse en cada país de manera voluntaria u obligatoria. El Consejo también ha apoyado promover las interprofesionales y crear un "Foro europeo permanente" para debatir sobre la cadena alimentaria.

La parte más compleja en este sentido es la que trata de la posibilidad de reformar las reglas de la competencia para que sean más acordes con la Política Agrícola Común (PAC) y haya unos criterios especiales en el caso de los productos agroalimentarios, por ser perecederos. Este punto ha suscitado el rechazo de los cuatro países que no han apoyado las conclusiones.