Esta ley persigue fundamentalmente crear un marco jurídico adecuado para la gestión y protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agroalimentarios susceptibles de protección dentro de la Unión Europea.

Para ello define un nuevo modelo de entidad de gestión que permita integrar las finalidades públicas y privadas y regula las potestades administrativas precisas para garantizar en último término el cumplimiento de las normas que fundamentan la protección dispensada a los productos de calidad.

La Ley se estructura en un título preliminar, diez títulos, ocho disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.