El Ejecutivo comunitario presentará una propuesta para dejar a un país la opción de vetar o restringir la siembra de transgénicos que cuentan con la aprobación de la Unión Europea (UE). Sin embargo, un Gobierno no podrá impedir su importación y su comercialización, si la venta de un OGM es legal a escala comunitaria.

Con este proyecto, preparado por los servicios del comisario europeo de Sanidad, John Dalli, el equipo de la CE confirma sus anuncios de principio de esta legislatura, cuando aseguró que modificaría la regulación de los transgénicos. Bruselas admite que el motivo de este cambio es la lentitud que hay en la actualidad a la hora de autorizar OGM en la UE porque no hay mayoría suficiente de países para aceptarlos, según un borrador de la propuesta.

La CE reconoce que si siguiera la situación actual podría haber, por un lado, perjuicio para sectores como la biotecnología, exportadores de semillas o agricultores "pro OGM" y, además, incrementarían las salvaguardas unilaterales nacionales.

España es el país de la UE con más superficie de OGM, con un 80% de las plantaciones de maíz transgénico y una extensión nacional que ronda las 76.000 hectáreas. Por el contrario, aplican salvaguardas contra el cultivo de transgénicos Francia, Grecia, Alemania, Luxemburgo, Austria y Hungría.

Por otra parte, la CE presentará recomendaciones con el fin de relajar las reglas de coexistencia de OGM con otros tipos de agricultura. Esto podría suponer, por ejemplo, más libertad a la hora de decidir sobre distancias entre campos de OGM y de otros tipos de explotación y más flexibilidad para que una región se declare "libre" de plantar transgénicos.

Las propuestas deberán ser aprobadas conjuntamente por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo.