Los productores pagaban hasta ahora unos 60 euros por tonelada, que es la cantidad que seguirán asumiendo, ya que el resto correrá a cargo del Gobierno, según ha explicado Antich en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Consolat de Mar para informar sobre las decisiones adoptadas para solventar un problema que obligó a cerrar mataderos la semana pasada y generó protestas del sector.

Los residuos cárnicos de Mallorca, donde no hay ningún lugar para depositarlos y tratarlos, se enviarán a Lleida mientras no exista una solución definitiva que Antich ha asegurado que se anunciará en el mes de septiembre y pasará por una de las tres fórmulas que se están estudiando: construir un digestor, una planta de biogás o una incineradora.

Antich ha asegurado que esta decisión adoptada por el Gobierno autonómico y el Consell de Mallorca supone dar una solución "inmediata" a los problemas de olores que han denunciado los vecinos de Llucmajor que viven cerca de la finca de lombrices que está recibiendo para su tratamiento más residuos cárnicos de los que puede asumir.

El envío de residuos para su tratamiento en la Península, que empezará a realizarse a partir del 1 de septiembre, fecha de la próxima matanza, hará que la instalación de Llucmajor "solo se utilice de acuerdo con los residuos que puede gestionar y los del matadero ya no irán".

Antich ha explicado que los técnicos del Consell de Mallorca están visitando distintos lugares para "analizar la fórmula definitiva a aplicar" y cuál se adapta mejor a la problemática de Mallorca y ha señalado que empiezan a disponer de "mucha información" sobre las tres posibles soluciones.