La Eurocámara aprobó el pasado 7 de septiembre un informe en el que reclama una legislación que permita un reparto más justo de los márgenes de beneficios en la cadena alimentaria, en la que el productor es el eslabón más débil frente a las industrias o a los supermercados.

El PE ha exigido medidas para poner fin a actuaciones como la morosidad en los pagos ó las ventas a pérdidas. En concreto, se ha sugerido una catalogación de las prácticas abusivas de mercado y su prohibición expresa por parte del la UE; además ha solicitado establecer una lista pública de las empresas incumplidoras para que sean sancionadas.

Los europarlamentarios han alentado a los países a que elaboren códigos de buenas prácticas comerciales, que incluyan mecanismos de reclamación y penalizaciones económicas contra los abusos.

El PE ha pedido que se reduzca a un límite de 30 días el plazo de los pagos en toda la cadena de suministro de alimentos en general, y sea más corto para los productos agrícolas muy perecederos.

Por otra parte, el Parlamento ha planteado a Bruselas que prepare una propuesta para supervisar las relaciones entre los minoristas dominantes y sus proveedores mediante organismos especializados nacionales.

La Eurocámara ha subrayado también que el abuso de las "marcas blancas" tiene un impacto desfavorable sobre los productores, sobre todo los pequeños, por lo que ha pedido a la Comisión Europea (CE) que tome medidas con el fin de que el agricultor tenga un trato justo.

El PE ha planteado poner en marcha el proyecto piloto que propuso la Comisión sobre la creación del Observatorio Europeo de precios y márgenes agrícolas. Asimismo, los eurodiputados han pedido que los principales distribuidores, transformadores, mayoristas y minoristas presenten obligatoriamente un informe anual sobre sus cuotas de mercado en alimentos "clave" (incluyendo datos sobre sus marcas blancas) y también sobre sus volúmenes mensuales de ventas.

El PE también ha instado a la CE a que investigue a la industria y que antes de final de año informe de actuaciones contrarias a la competencia y de contratos abusivos.