Por esta razón UPA lleva varios meses negociando con el resto de la cadena avícola y con Propollo la puesta en marcha de un nuevo modelo de contrato en la que estén reguladas las relaciones entre las partes. Algunos de los aspectos tratados en este contrato han sido el bienestar de los animales y la influencia de los costes de producción en el precio de la carne, fundamentalmente el gasto en alimentación o el precio de la electricidad y el propano. Igualmente se ha avanzado sobre la necesidad de asegurar a los ganaderos un mínimo de producción anual, mediante la realización de al menos cinco crianzas o camadas al año.

Pese a los avances vividos, UPA estima que aún quedan temas por negociar como la inclusión de los costes de producción en las liquidaciones de los ganaderos. Aunque advierten de que es necesario aclarar aspectos como la gestión de los medicamentos, las labores de carga, la garantía del pienso o de los “pollitos de un día”. Por lo que las negociaciones sobre el nuevo contrato “aún no están cerradas”, según asegura.

Para el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, es vital que "las empresas de la distribución dejen de usar el pollo como producto reclamo. Si siguen banalizando así el producto, prevemos que podrían desaparecer hasta 10.000 empleos". De no ser así, Santalla afirman que acudirán ante la agencia AICA para denunciar posibles prácticas abusivas.

Desde UPA muestran también su apoyo a que la avicultura de carne figure como prioritaria en los nuevos programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, además de plantear la necesidad de reducir el coste del seguro de retirada de animales muertos en granja, cuyo coste se ha disparado este último año.