El informe concreta que los consumidores quieren información sobre el país de origen pero no se muestran dispuestos a pagar el coste de recabar dicha información y ofrecerla dentro del etiquetado. Por otro lado, si existiera la obligatoriedad de informar sobre el origen, los productores cárnicos se volverían más selectivos a la hora de buscar un proveedor, reduciendo el número de intermediarios y evitando el uso de determinadas materias primas. Sin embargo, la credibilidad del sistema requeriría un incremento del seguimiento que realizan las autoridades públicas para evitar la posible realización de fraudes.

Entre los Estados miembro de la UE hay diferencias respecto a esta idea, con países a favor de indicar exactamente el país de origen, sea de la UE o no, y otros que prefieren indicar solamente si el país de origen pertenece a la UE o no. Frente a esto otra tercera corriente apostaba por mantener la legislación actual tal cual está y dejarlo como voluntario.

La posición española ha sido contraria a esta medida ya que, según el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "nos preocupa y no podemos obviar por su trascendencia, las implicaciones que tendría esta medida en los operadores de empresas alimentarias que verían incrementados sus costes de producción", ha declarado a la salida de la reunión.

Ante esta situación, el Consejo y la Comisión del Parlamento Europeo consideran que cualquier paso futuro es inapropiado, incluyendo la posible propuesta legislativa de regular el origen de la carne como ingrediente en productos alimentarios.