La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha emitido un comunicado con el que quiere denunciar que los bajos precios de la carne de cerdo en origen no se están trasladando al precio de venta al público en los supermercados y carnicerías. Según COAG, el diferencial entre la granja y la mesa es el más alto de los últimos dos años: 450%. Así, por ejemplo, de enero de 2014 a diciembre de 2015, los precios al ganadero han caído un 25%, mientras que al consumidor apenas se han reducido un ligero 1%.

“Resulta lamentable que industria transformadora y cadenas de distribución engorden sus márgenes mientras que una explotación tipo pierde 4.500 euros cada mes, porque desde hace más de 12 semanas los precios pagados al ganadero no cubren ni tan siquiera los costes de producción”, ha subrayado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG.  

Los datos de la Lonja de Mercolleida confirman la tendencia observada en el Índice de Precios Origen-Destino de los alimentos (IPOD). En 2016 el precio medio del cerdo vivo se sitúa en 0,95 €/kg (coste de producción 1,12€/kg), frente a un precio medio de 1,13 €/kg en 2015, 1,27 €/kg en 2014 y 1,37 €/kg en 2013. De estas cotizaciones hay que restar los eventuales descuentos practicados por los mataderos, que rondan en torno a 0,03-0,06 €/kg vivo.

Desde COAG se suman a las solicitudes de otras organizaciones agrarias para pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que actúe y penalice las prácticas comerciales abusivas por parte de la industria cánrica y las cadenas de distribución. Asimismo, se solicita un esfuerzo a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para aumentar sus inspecciones en este sector. 

Otro de los puntos que pide COAG es que se refuercen las negociaciones con Rusia con el objetivo de que se reabra este mercado para las exportaciones agroalimentarias de la UE.

También resolvería en parte esta situación, según COAG, incentivar medidas que fomenten el aprovechamiento energético de los excedentes de purines en las propias explotaciones, lo que supondría una doble solución para los ganaderos: gestión sostenible de subproductos y reducción de la factura eléctrica.