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Proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano ha aprobado el proyecto de Ley de Salud Pública, en el que se recoge el conjunto de servicios necesarios de coordinar, para evitar las dispersas competencias que hasta el momento existían.nn

El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha explicado que la Ley, que en breve pasará a ser debatida en las Cortes Valencianas, define las competencias que en materia de Salud Pública tiene la Generalitat y clarifica a la población y a las instituciones los servicios que se ofrecen.nn

Esta normativa se ocupa de la promoción y educación para la salud, la prevención de la enfermedad, la salud alimentaria, la seguridad laboral, la sanidad ambiental, la información en salud pública, la vigilancia de la salud pública, los laboratorios de salud pública, la investigación y la formación. nn

La Ley de Salud Pública crea la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública, en la que estarán representadas las instituciones y colectivos implicados en la materia. nn

A través de esta entidad se conseguirá una mayor implicación de las administraciones, una mejora en la participación de los agentes sociales en la promoción de la salud, se marcarán las políticas de prevención a seguir en materia de salud pública y se conseguirá una mayor eficacia en la gestión de situaciones de riesgo. nn

También se crea a través de esta ley la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, que se encargará de dar el soporte estructural al Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Valenciana, en coordinación con todas las administraciones implicadas y con la participación de los agentes sociales. nn

Rambla explicó que la Ley de Salud Pública se encargará además de crear el marco jurídico necesario para la puesta en marcha del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, que desarrollará, dijo, importantes líneas de investigación y formación. nn

Destacó que uno de los aspectos más importantes de la Ley es la importancia que ésta le confiere a los sistemas de información, ya que la normativa regula la obligación de los profesionales, instituciones y sociedad en general de ofrecer toda la información necesaria a la Administración para poder actuar ante situaciones de riesgo.

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