El gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para garantizar que la carne de vacuno procedente de animales alimentados en zonas de deforestación no llegue a ser comercializada en EE.UU. Para ello, el gobierno utilizará a la policía nacional ya la de municipios para evitar que el ganado criado ilegalmente en tierras robadas o en biosferas protegidas llegue a los mataderos del país, informa Reveal.

Las acciones del gobierno se producen en respuesta directa a una investigación de Reveal del Centro de Informes de Investigación y PBS NewsHour que conectó a un importante importador de carne nicaragüense con algunos de los minoristas de comestibles más grandes de los Estados Unidos, incluidos Walmart, Target y Safeway.

De acuerdo con Reveal, indígenas de la costa Caribe en Nicaragua han sido asesinados por ganaderos y otros colonos que están deforestando zonas de selva tropical para dar paso a pastizales. 

La gran mayoría de la producción total de carne de Nicaragua se destina a la exportación, con Estados Unidos como el mayor cliente, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es el tercer mayor proveedor de carne congelada de Estados Unidos, por delante de todos los demás países latinoamericanos, incluidos Brasil y Uruguay, según los registros de importación hasta septiembre de este año.

Tras la transmisión de PBS NewsHour y una protesta de voces nicaragüenses, el gobierno está haciendo nuevos planes para evitar que la carne de res criada ilegalmente llegue a los mataderos. 

El gobierno de Nicaragua se basa en una ley aprobada en 2011 que nunca se ha aplicado por completo, que requiere que los ganaderos y productores de carne rastreen el ganado desde el nacimiento hasta el sacrificio. Según la ley, los ganaderos y los mataderos deben asignar a cada ternero recién nacido una etiqueta y un número de identificación únicos, que deben presentarse antes de que el animal sea sacrificado.

A los ganaderos ilegales se les negarán estas etiquetas y, por lo tanto, se les eliminará del mercado, lo que les impedirá vender su ganado en una subasta o directamente a los mataderos, si el gobierno cumple con la plena aplicación de la ley.

El gobierno nicaragüense ha comenzado a utilizar por primera vez a la Policía Nacional para hacer cumplir activamente la ley, según documentos internos del Instituto de Protección y Salud Agrícola de Nicaragua, una agencia gubernamental conocida por sus siglas en español, IPSA. Los documentos también muestran que el gobierno nicaragüense ahora exige que los alcaldes regionales, cuyas oficinas emiten las marcas auriculares para los terneros recién nacidos, se adhieran estrictamente a la ley. 

El nuevo impulso para implementar la ley cuenta con el apoyo de las tres principales asociaciones ganaderas del país, que enfrentan presiones internacionales para detener los asesinatos y la deforestación. Europa actualmente no permite la importación de carne vacuna de Nicaragua; eso podría cambiar si Nicaragua puede rastrear su ganado de manera confiable.