Lunes, 22 de julio de 2024
Detienen a dos personas de Zamora por la venta ilegal de lechazos de una granja sin permiso desde 2015
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El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora llevaba casi un año investigando la posible venta de ovino y caprino procedente de una granja que no contaba con la autorización del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en el año 2015. Sin embargo, los animales eran comercializados para su sacrificio.
Los agentes del Seprona, junto a la Policía Local de Toro volvieron a inspeccionar la explotación ganadera junto a Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León. Se verificó de nuevo que no tenía documentación sobre su actividad ni de la trazabilidad de los animales. Estos eran vendidos a particulares y tratantes de ganado para su posterior sacrificio sin los controles oportunos, lo que suspone un peligro para la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores.
Ante esta situación, la Guardia Civil investigó al titular de la explotación ganadera y a un comercializador del ganado como supuestos autores de un delito contra la salud pública y por la falsificación de documentos públicos.
La investigación y las diligencias están en manos ahora del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Toro, así como en la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Zamora.
Los agentes del Seprona, junto a la Policía Local de Toro volvieron a inspeccionar la explotación ganadera junto a Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León. Se verificó de nuevo que no tenía documentación sobre su actividad ni de la trazabilidad de los animales. Estos eran vendidos a particulares y tratantes de ganado para su posterior sacrificio sin los controles oportunos, lo que suspone un peligro para la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores.
Ante esta situación, la Guardia Civil investigó al titular de la explotación ganadera y a un comercializador del ganado como supuestos autores de un delito contra la salud pública y por la falsificación de documentos públicos.
La investigación y las diligencias están en manos ahora del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Toro, así como en la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Zamora.
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