Fue en 2014 cuando las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo fueron condenadas por colusión, hecho denominado como el Caso Pollos, el cual, tras un fallo dado a conocer por la Corte Suprema, vuelve a estar de actualidad ya que la Corte Suprema chilena ha acogido la reclamación que hizo la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) contra la resolución de 2019 del Tribunal de la Libre Competencia (TLDC), que declaró inadmisible un juicio de indemnización para los consumidores afectados.

Conadecus ganó por unanimidad en la Tercera Sala de la Corte Suprema a los productores de pollos. "Se acoge el recurso de reclamación deducido por Conadecus en contra de la resolución de veintiséis de diciembre de 2019, dictada por TLCD, y, en su lugar, se declara que se rechazan los recursos de reposición intentados por Agrosuper S.A. y por Agrícola Don Pollo Ltda. respecto de la resolución de 25 de junio de 2019, manteniéndose inalterada, por consiguiente, la decisión que declaró admisible la demanda intentada en autos, determinándose que, en consecuencia, el proceso de que se trata deberá ser conocido por un tribunal no inhabilitado, al tenor de las normas que regulan la subrogación de los miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia", detalló el organismo en un comunicado.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus, añadió que "han transcurrido más de cinco años desde que la Corte Suprema confirmó la condena a las empresas productoras de pollos Agrosuper, Agrícola Don Pollo y Ariztía, por haberse coludido durante años para limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercadonacional y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de aquel producto, inflando artificialmente los precios en perjuicio de los consumidores".

La organización calcula que el daño a los consumidores fue de unos 1.500 millones de dólares. Conadecus busca que las citadas empresas reparen de forma íntegra todos los daños provocados a los consumidores nacionales con motivo de las conductas anticompetitivas en que incurrieron, que consisten en la adopción de un acuerdo que tenía por fin limitar la producción de pollo ofrecida al mercado nacional, así como la asignación de cuotas en el mercado de producción y comercialización del mismo, todo lo cual redundó en un incremento artificial de los precios de venta. 

Ante esto, Conadecus pide que se condene a las firmas demandadas a pagar la suma equivalente a casi 800 millones de dólares o a la cifra que se regule, por los daños derivados del sobreprecio que se verificó y de las transacciones por el producto de que se trata que se dejaron de hacer.