Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de la Guardia Civil de Madrid, han detenido en la operación ‘Costmapa’ a tres personas e investigado a cinco más por delitos relacionados contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, habiendo facilitado la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran ibéricas.

El inicio de la investigación se remonta al pasado mes de octubre, cuando en las instalaciones de una mercantil situada en Getafe fueron detectados e inmovilizados varios jamones y paletas que portaban vitolas ibéricas procedentes de la provincia de Huelva con irregularidades en los precintos y en las etiquetas. El avance de la investigación permitió conocer que todos ellos procedían de la misma firma comercial y que además se estaban distribuyendo en otras instalaciones de venta al público situadas en Las Rozas y en Sevilla, ha informado la Comandancia de Madrid.

Por ello los agentes hicieron varias inspecciones, tanto en estas instalaciones donde los productos estaban siendo comercializados como en dependencias de la empresa que los abastecía, descubriendo los agentes una compleja trama conformada por varias mercantilesque colocaban precintos ibéricos a piezas que no lo eran, emitían falsas auditorías en los certificados de calidad y los introducían en el mercado final de los consumidores.

Fruto de todas las inspecciones que se han realizado se han intervenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente un total de 405 paletas y 659 jamones por valor de 180.000 euros con irregularidades en los precintos.

Productos considerados no aptos para el consumo, ya que al no poderse acreditar de manera clara el origen o procedencia de los mismos productos no puede asegurarse la seguridad alimentaria.

Por todo ello, los guardias civiles han procedido a la detención de tres personas en Huelva relacionadas con la empresa que los introducía en el mercado de los consumidores, así como a la investigación de otras cinco personas más que ejercían funciones de auditoría y administración en empresas dedicadas a la certificación y calidad de los productos.

Por estos motivos se les imputan delitos contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial.

Para conocer el origen y trazabilidad de los productos intervenidos, ha sido fundamental la colaboración y apoyo tanto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como de la de Agricultura, además de la de sus homólogos de la Junta de Andalucía.