En declaraciones realizadas por Pilar Álvarez, presidenta del Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez, a Europa Press, esta ha confirmado que se van a iniciar los trámites por la vía contencioso-administrativa ante los tribunales para evitar la creación de la IGP Jamón Serrano al considerar que "devalúa las figuras de calidad diferenciada, supone un engaño al consumidor y perjudica a los pequeños productores situados en zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde esta actividad genera empleo y evita el despoblamiento".

Advierten además de que esta IGP supone un "fraude al consumidor", pues el nombre genérico de "jamón serrano provoca la expectativa de estar ante un jamón elaborado en la sierra y secado de manera natural y en este caso ya no tendría que ser así: podría hacerse en cualquier parte del país y con cámaras frigoríficas", lo que "engaña al consumidor" y "favorece una competencia desleal" respecto al resto de sellos de calidad, cuyos criterios de producción son "estrictos, artesanales y más costosos".

Los productores temen además que esta nueva IGP propicie una fuga de empresas de las zonas rurales donde mucha gente vive del jamón, en favor de lugares mejor comunicados y procesos de producción más baratos que les permitan abaratar también el precio final del producto. "Es un disparate" y favorece la despoblación en el ámbito rural, ha agregado.

Para finalizar, la presidenta de la IGP asegura que la fama que tiene el jamón serrano español a nivel internacional "es de todo el jamón producido en los distintos territorios de España donde tradicionalmente se elabora este producto. Esta IGP pretende apropiarse de este reconocimiento que es de todos como si fuese suyo exclusivamente y meter todos los jamones en el mismo saco, por lo que incumple la normativa europea que regula las figuras de calidad diferenciada".