Limitar los precios en una cesta básica de 20 o 30 productos alimentarios para garantizar una alimentación completa y sana y ante la evolución de la inflación. Es la idea que ha lanzado esta semana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y que, si bien parecía no tener recorrido en un comienzo, ha ido cogiendo forma conforme avanza la semana.

De hecho, para este jueves estaba prevista una reunión con la cadena de supermercados Carrefour, compañía además que ya ha adelantado una iniciativa en esta línea, por la que pondrá una cesta básica de 30 productos a un precio de 30 euros. No es la única cita en la agenda de la ministra, pues el lunes que viene se reunirá con las grandes distribuidoras y las principales asociaciones de consumidores, en búsqueda de acuerdos, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos (en referencia a los representantes de las asociaciones  y la gran distribución) para fijar una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia", resumía Díaz en una intervención pública el pasado miércoles, en un modelo que, insistió, "es completamente legal, ya se ha aplicado en Francia con Sarkozy y ha funcionado bien".

Hay que señalar que en el inicio de la semana, una de las primeras reacciones al anuncio de la ministra vino de la mano precisamente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), una de las grandes patronales del sector a nivel nacional, desde donde, en declaraciones a ElPlural.com señalaban que es el ministro de Agricultura y su departamento quienes tienen que tomar las medidas relativas a alimentación y supermercados, aunque declinaban hacer más valoraciones o calcular el impacto económico de las palabras de Díaz.

Más allá de distribuidores y consumidores, Díaz puso otro foco en los productores, "que también están siendo víctimas de esta situación" y que, sin embargo, no participarán inicialmente como colectivo en las reuniones anunciadas para este próximo lunes con los titulas de Trabajo y Economía Social y Consumo. 

Primeras reacciones
Sin salir del consejo de Ministros, el otro ala del Gobierno parecía rechazar la propuesta de Díaz de plano, al inicio de semana. Así, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, descartaba en una entrevista con la agencia Europa Press imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible", al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco "deseable".

Mäs adelante en la semana, aseguró que no se iba a intervenir en la cadena alimentaria, destacando su buen funcionamiento así como la necesidad de que los productores mantengan "un umbral digno de rentabilidad". Con ello, y reiterando además que las competencias sobre alimentación son suyas, ha reaccionado a la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. 

Planas ha recordad que "tenemos una cadena agroalimentaria que funciona muy bien" y para su preservación "todo el mundo obtenga un umbral digno de rentabilidad".

En la misma línea se manifestaba el miércoles la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien en una entrevista en Telecinco descartaba este miércoles fijar un precio máximo a los alimentos básicos, aunque aseguraba que se pedirá un mayor esfuerzo "a aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis. En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios".

A lo largo de estos días se han venido sucediendo las reacciones recogidas por los distintos medios de comunicación, como en el caso de Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, quien aseguraba a Vozpopuli que el tope al precio de los alimentos es "muy difícil de aplicar", pues "se trata de controlar el mercado y quitar la eficiencia intrínseca del mismo: libre juego de oferta y demanda".