La Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España, Anice, ha querido alertar sobre los efectos que tendrá el nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y "supondrá un coste estimado para toda la industria agroalimentaria española de 690 millones de euros".

De esta manera, desde Anice destacan que "la nueva regulación golpeará a la industria cárnica elevando sus costes de gestión, reduciendo sus ya ajustados márgenes y agravará la situación de las empresas, haciendo peligrar su pervivencia" y solicitan al Gobierno que "tenga en cuenta la compleja coyuntura actual, aplazando la entrada del impuesto".

En su análisis, desde la asociación resumen las dificultades actuales a las que se enfrenta el sector, acrecentados por el conflicto bélico en Ucrania, en una espiral alcista de precios, alcanzándose tasas de dos dígitos que no se habían visto en España desde antes del ingreso a la Unión Europea.

Desde Anice se recuerda que solo en lo que respecta a los costes energéticos, este año la industria cárnica pagará un total de 1.494,8 millones de euros, con una subida del 344% con respecto a 2019. 

Y ahora en este complejo contexto, se suma una nueva amenaza, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables el próximo enero, según se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, cuyo impacto para la industria alimentaria se estima en 690 millones de euros.

Además, hay que tener en cuenta que el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases elevará el coste de la industria en otros 5.000 millones de euros, poniendo en serio peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. 

Por todo ello Anice se suma a la petición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y solicita que se retrase la entrada en vigor del Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, así como que no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que añada más cargas y costes a las empresas en momentos tan difíciles.

Desde Anice, s presidente Alberto Jiménez ha manifestado su preocupación. “En circunstancias como las actuales, las empresas no pueden asumir más costes y por tanto solicitamos a nuestro Gobierno que sea sensible a esta situación y retrase la entrada en vigor de este impuesto que, de implementarse ahora, agravará una situación de especial incertidumbre donde las empresas luchan por su supervivencia. Es momento de ayudar y de no poner más trabas”.