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- España
Presentan al Gobierno las prioridades para el sector agroalimentario español de cara a la futura presidencia de la UE

Conclusiones de un evento organizado por Qcom.es y celebrado el pasado 28 de febrero

El Foro de la Alimentación Qcom.es reunió a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria en una jornada, en el auditorio de Banco Sabadell de Madrid, cuyas conclusiones han servido para elaborar un documento que resume las prioridades del sector ante la presidencia de cara al próximo semestre.

El texto ha sido remitido al gobierno, según los responsables de este Foro y en él se incluyen todas las aportaciones que se produjeron por parte de los distintos eslabones de la cadena.

Producción y transformación

Desde las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agroalimentarias de España, se puso en el foco en la forma de cómo abordar el cambio en el modelo productivo actual de cara al futuro, modelo que necesariamente debe enfocarse desde un marco de una agricultura con agricultores. Nos encontramos ante un cambio geopolítico, donde el sector agrícola coincide en que las soluciones más urgentes son una mayor integración económica, un mercado único más cohesionado y unas reglas comunes para todos. En definitiva, ser capaces de encontrar un ritmo en esta transición ecológica que nos lleve hasta la rentabilidad.

Las organizaciones estuvieron de acuerdo en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento en un contexto marcado por la inflación, la guerra en Ucrania y los cambios geopolíticos tras la pandemia.

Además, se solicita a la Presidencia Española de la UE que se abra un debate en la Unión Europea sobre el futuro del modelo social y profesional de agricultura para impulsarlo frente el aterrizaje de los fondos de inversión de capital de riesgo ajenos al sector, cuyos objetivos pasan primordialmente por la búsqueda de un beneficio objetivo a corto plazo, y no tanto buscar un modelo que perdure a largo plazo.

Del mismo modo, la presidencia española ha de marcar los ritmos y las cuestiones a debatir en todos los reglamentos de sostenibilidad medioambiental y los objetivos del Pacto Verde para lograr un equilibrio que vaya más allá de la política agraria.

En este contexto, se destacó como los Consejos de Ministros Informales llevados a cabo por parte de España tienen que incidir en marcar políticas valientes por parte de la Unión Europea para avanzar de cara a la competitividad y sostenibilidad del modelo agrícola del presente y del futuro. Así, las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal será el tema principal del Consejo informal que se celebrará en septiembre de 2023 en Córdoba.

Otra cuestión que abordaron los participantes fue la necesidad de medidas para garantizar el relevo generacional en el campo, fomentando el modelo de agricultura tradicional y familiar. Para ello, se considera necesario buscar fórmulas para conseguir incrementar el ritmo de incorporación de jóvenes, incluso duplicarlo, ya que permitirá la viabilidad de este modelo en el futuro.

La Presidencia española debe solicitar a la Comisión Europea que realice un balance de la aplicación de los planes estratégicos nacionales de la PAC tras su primer año de vigencia. Este balance deberá tener necesariamente la actual situación de costes de producción, los problemas de abastecimiento e inflación, así como las desfavorables condiciones climáticas en un buen número de países de la UE.

Sucesivamente, los representantes recordaron la necesidad de reajustar los presupuestos de la Política Agraria Común (PAC), si no es posible en este periodo a partir de 2027, y que actualmente no alcanzan el 0,5% del PIB de los países de la Unión Europea.

Asimismo, reclamaron como prioridad la revisión del modelo de la cadena agroalimentaria, que no ha de quedarse únicamente en España sino desarrollarse, también, a nivel europeo. España debe seguir avanzando en este sentido, aprovechando las relaciones comerciales existentes con el resto de los países europeos.

De igual forma, se señaló que en una situación de crisis de costes de producción como la que España atraviesa se necesita de una buena transparencia para poder llegar a un equilibrio óptimo entre todos los componentes de la cadena.

Se puso de manifiesto la urgente necesidad de establecer una directiva clara en el etiquetado de procedencia de los productos, en la que también se indique el porcentaje procedente de la Unión Europea o fuera de la misma.

En esta línea, se exigió asegurar el principio de reciprocidad de cara a acuerdos con terceros países, especialmente en el manejo de fitosanitarios.

Además, se hizo referencia a la normativa sobre bienestar animal con relación al transporte de animales vivos, otra prioridad para España que puede verse limitada en la exportación de animales vivos por carretera, y en la que habrá que trabajar durante el segundo semestre de 2023.

Respecto al Reglamento de Indicaciones Geográficas Protegidas, desde la presidencia de España han de establecerse las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas (IGP) de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana.

Por último, se señaló la posibilidad de implantar una asignatura de agricultura sostenible y alimentación saludable que se pudiera incorporar en los planes de estudio de los jóvenes y poder así recuperar la conexión con el campo, y fomentar la formación sobre la realidad de la agricultura y el mundo rural.

Distribución y restauración

La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) y Marcas de Restauración también establecieron en esta jornada sus prioridades como representantes de la distribución y restauración.

Los representantes de la distribución señalaron como prioridad establecer normativas proporcionadas y armonizadas, que fomenten la libre y leal competencia en el mercado internacional, y una política comunitaria europea asentada en los principios de una regulación no discriminatoria entre los países que permita, a su vez, la libre circulación de bienes y servicios.

La Unión Europea debe avanzar en la conclusión de los acuerdos comerciales con terceros países que favorezcan los intereses de las empresas europeas. Asimismo, solicitaron a la presidencia española que anime a la Comisión a analizar posibles nuevos acuerdos comerciales para ganar dimensión, capacidad y poder competir en un mercado global. Igualmente, los representantes destacaron como el comercio desempeña un papel fundamental en la sociedad española, ya que supone el 13% de la economía y el 17% de empleo y es clave para el abastecimiento de productos esenciales.

Señalaron también la necesidad de reconocimiento público del carácter estratégico del sector y que ello se vea reflejado en una legislación más favorable para la actividad empresarial, tanto nacional como europea. También es prioridad revisar el marco de calidad legislativa, que está generando grandes costes a muchas compañías.

Cuestiones como evitar legislaciones que puedan romper el mercado, eliminar barreras regulatorias o burocráticas y avanzar en que todas las nuevas regulaciones pasen un examen de competitividad en beneficio de la economía europea son cuestiones importantes para este sector. Por ello, solicitaron a los Gobiernos y los legisladores europeos que lleven a cabo un ejercicio de revisión de las figuras impositivas y no impositivas existentes que suponen una traba a la actividad y a la eficiencia del sector.

Igualmente, se deben revisar los plazos para cumplir el Pacto Verde europeo, cuyas prioridades han cambiado desde 2019-2020. Así, entre dichas prioridades hoy en día la fundamental tiene que ver con combatir la inflación, sin negar que los objetivos medioambientales siguen estando en la hoja de ruta marcada por el sector.

También es necesario que se reconozca al sector como gran consumidor estratégico de energía, y que se haga lo posible por abaratar el coste de la energía en momentos tan complicados como el actual. Piden a la Presidencia que impulse el debate en el seno de la UE del fomento y retención del empleo, sólo así el comercio podrá seguir siendo un sector empleador de referencia.

Es imprescindible revertir el impacto económico negativo de la baja calidad institucional en el sector comercio, cuyo impacto sólo en España alcanza los 8.840 millones de euros anuales.

En relación con la restauración, se marcó la necesidad de una relación constante con las administraciones, tanto española como europea, y ser escuchados por las mismas para evitar la hiperregulación contradictoria.

Consumidores

La jornada contó además con un bloque sobre el consumidor, donde contó con un representante del Foro Interalimentario y otro de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) de la Comunidad de Madrid, y se destacó lo siguiente:

Garantizar el abastecimiento alimentario con el trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la cadena alimentaria ha de ser una prioridad para España durante su mandato. El abastecimiento solamente se producirá si somos capaces de permitir y establecer unas bases sólidas y tranquilas para el trabajo de todos los eslabones de la cadena.

Los participantes, igualmente, pusieron el foco en algunas normativas de calado que están debatiéndose en la Unión Europea y en las cuales España ha de tener especial cuidado, como son las referentes al etiquetado alimentario o la futura regulación sobre fitosanitarios o el Reglamento de Deforestación, en las que se pide a la Comisión Europea que actúe con rigor científico.

Del mismo modo, se señaló como un tema importante para España el estar pendiente del Reglamento sobre envases y residuos, asegurando que respecto a la sostenibilidad medioambiental “vienen curvas” con una serie de normativas muy potentes que van a afectar mucho al sector agroalimentario.

La negociación de acuerdos comerciales con terceros países y bloques comerciales como Australia, Chile, México y Mercosur también es otra prioridad. Los representantes señalaron la necesidad de exigir a la presidencia de la Unión Europea que establezca cláusulas espejo, es decir, requisitos comunes de producción tanto en España como en terceros países para realizar la importación a nuestro país.

Otra de las prioridades es la fiscalidad, donde se plantea la necesidad de reducir algunos impuestos como el IVA de los alimentos ya que no sirve de nada de cara a los consumidores si luego se incrementan los costes con impuestos como los de los gases fluorados o impuestos a las emisiones industriales. En este sentido, España tendría que hacer más fuerza en todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde y la Estrategia sobre Biodiversidad 2030, cuidando la implementación de estas medidas.

Del mismo modo, España debe tener como prioridad el cuidado del sistema regulatorio de normas en el sistema alimentario, las cuales deberían de racionalizarse basando la política agroalimentaria en garantizar la producción, transformación y el abastecimiento alimentario en la sociedad con unas normas de sostenibilidad con unas bases compatibles con el Pacto Verde Europeo garantizando la rentabilidad de las instituciones.

En otro orden de cosas, la adquisición de alimentos a través de lnternet preocupa a las asociaciones de consumidores, por lo que solicitan mayor seguridad a la hora de comprar alimentos mediante esta herramienta.

Finalmente, con relación al etiquetado de los productos, los consumidores entienden que se deben de crear unos etiquetados fáciles de entender, donde el consumidor sepa exactamente lo que está comprando y lo haga con total seguridad.
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