El titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, compadecía ayer en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros para dar cuenta de algunos acuerdos alcanzados, que suponen el reparto territorial de 292 millones de euros para distintos programas de actuación en materia agrícola y ganadera.

Entre los anuncios del ministro, nuevas medidas de apoyo como la rebaja fiscal de mayor alcance para el sector, recogida en la orden de módulos publicada en el Boletín Oficial del Estado, o el reparto territorial de más de 292 millones de euros para distintos programas de actuación acordado en Consejo de Ministros.
 
Así, se ha autorizado la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para la ejecución del plan anual de seguros agrarios combinados, que tiene una dotación de 317,7 millones de euros.
 
El ministro ha recordado que se trata de la aportación estatal para esta línea más alta de la historia, y que desde que comenzó la legislatura el Gobierno ha incrementado en más de un 50 % su aportación para subvencionar la contratación de seguros agrarios.
 
Reparto territorial
El Consejo de Ministros ha aprobado también el reparto territorial entre las comunidades autónomas de un total de 292 millones de euros para distintos programas de actuación en materia agrícola y ganadera. La mayor cuantía, 158,2 millones de euros, corresponde a la aportación estatal para cofinanciar medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
 
La segunda territorialización en volumen económico son 104 millones de euros, de los cuales 84,8 millones son fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para actuaciones de bioseguridad y de agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero. Los otros 19,2 millones son para programas de erradicación de enfermedades animales y de prevención y lucha contra las plagas. Los acuerdos de territorialización se completan con un paquete de 30 millones de euros para distintos programas entre los que destacan, por su cuantía, 21 millones de euros para financiación del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) de Canarias y 4,8 millones de euros para el sector apícola.
 
Reserva de crisis de la PAC
El ministro ha explicado también las medidas que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea para apoyar al sector agrícola y ganadero español por las circunstancias tan excepcionales en las que se encuentra como consecuencia de la sequía. En primer lugar, la activación del fondo de reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC), y también la autorización de que se puedan utilizar fondos europeos de desarrollo rural no ejecutados para habilitar ayudas directas para agricultores y ganaderos.
 
Además, el ministro ha pedido también en un escrito remitido al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, que haya flexibilidad en la aplicación de la condicionalidad para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, por ejemplo en cuestiones como la rotación de cultivos, y en los requisitos para los ecorregímenes, ya que algunas de las prácticas contempladas no podrán realizarse por la situación en la que se encuentran los cultivos y las superficies vegetales como consecuencia de la sequía.
 
Luis Planas ha solicitado también que se el pago anticipado de las ayudas de la PAC que se realiza a partir de octubre pueda ser este año del mayor porcentaje que permite la normativa. Todas estas cuestiones han sido planteadas hoy por la delegación española en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo y al que ha asistido en representación el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.
 
Rebaja fiscal
El ministro ha destacado también la importancia de rebaja fiscal para el sector agrario en respuesta a las circunstancias excepcionales en las que se encuentra como consecuencia de la guerra en Ucrania y las condiciones climáticas, que es la de mayor alcance aplicada hasta el momento, y supone una reducción de la base imponible superior a 1.807 millones de euros.