La aplicación estricta de las normas sobre bienestar animal, junto con los propios esfuerzos de los ganaderos para ir más allá de los requisitos legales, ha dado lugar a que en España se tenga una de las normativas en esta materia más estrictas del mundo. No obstante, a nivel europeo, dentro del contexto de la Estrategia De la granja a la mesa se tomó la iniciativa de revisar la legislación en materia de bienestar animal al completo.

En concreto, se prevé una actualización con nuevas exigencias para los animales en granja, en la regulación del transporte de los animales, procedimientos en el sacrificio y etiquetado.

Por otro lado, a nivel nacional ha entrado en vigor la modificación del Real Decreto 1135/2002 que implica, o bien una reducción de la densidad en las granjas entre un 7 y un 12%, o afrontar unas inversiones para una posible ampliación de las explotaciones que, además de gastos, conlleva unos trámites burocráticos imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido.

Coag estima también que desde el MAPA se ha aprovechado la “oportunidad” que ofrece el Reglamento 2017/625 para abrir la puerta a que las autoridades competentes puedan tener en cuenta resultados de auditorías de empresas privadas para sus propios controles oficiales. “Son cargas administrativas desproporcionadas e irracionales que no supondrán mejoras reales en la aplicación de las normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal”, ha subrayado el responsable del sector porcino de COAG., Jaume Bernis. 

Ante todo esto, Coag está denunciando que toda la normativa tanto nacional como europea en materia de bienestar animal está ocasionando desconcierto e incertidumbre entre los ganaderos de porcino. Pero además, las futuras normas que van a ser aprobadas y que deberán ser implementadas, podrían llegar a suponer una reducción e los ingresos del 11%, lo que supondría unas pérdidas de 8.000 euros para una granja media de 2.000 cerdos en modelo integrado.

Por ello, Coag pide 2 años o más para que los ganaderos se adapten a la nueva normativa y que estas no se solapen en el tiempo.

La organización agraria considera que todos los esfuerzos e inversiones que hagan los ganaderos para adaptarse a las exigencias de la normativa estatal pueden no servir para nada si en unos años llega otra actualización desde Europa.

“Las normas se solapan y, cuando todavía no se ha conseguido amortizar una inversión, ya tenemos que afrontar la siguiente”, ha señalado Bernis, al tiempo que ha propuesto una moratoria en el cumplimiento de la normativa nacional teniendo en cuenta que, desde Europa, nos va a llegar una actualización “que nos obligará a nuevas inversiones y adaptaciones en nuestras granjas”.