Hemos hablado tantas veces de Mercosur y aquí estamos de nuevo. Ahora que el Consejo está presidido por la Presidencia española, que se ha comprometido plenamente a sacar adelante este acuerdo, y con la próxima Cumbre UE-América Latina, es el momento oportuno para reiterar las preocupaciones que tenemos desde hace tiempo con respecto a este acuerdo.

Desde que la UE y los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) alcanzaron un acuerdo político el 28 de junio de 2019 sobre un acuerdo comercial global, es poco decir que muchas cosas han cambiado, en la UE y en el mundo. Este acuerdo de principio, celebrado bajo el mandato del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en 2019, no tiene en cuenta los cambios y las iniciativas que se han derivado del Pacto Verde de la UE, la política emblemática de la Comisión de la presidenta von der Leyen. Tampoco tiene en cuenta el paisaje cambiante en el que opera la agricultura hoy en día, tras la pandemia del COVID-19 y el impacto de la guerra en Ucrania. De hecho, el planteamiento excesivamente ambicioso de la Comisión no sólo nos lo pone difícil a los agricultores europeos, sino que también nos hace parecer poco realistas a los ojos de nuestros socios comerciales.

Desde principios de año y la elección del presidente Lula en Brasil hemos estado oyendo hablar de la oportunidad de oro para la ratificación de este acuerdo. Pero los hechos dicen otra cosa, hace tan sólo unas semanas, el presidente Lula dejó claro que no quiere -o no puede- respaldar el elevado compromiso medioambiental que la UE quiere paralelo al acuerdo de Mercosur.

Parece que por razones geopolíticas y por el interés de algunas industrias, la Comisión está dispuesta a hacer la vista gorda ante el impacto que tendría en el sector agrícola y la percepción negativa que tendría en el momento en que nos preparamos para las próximas elecciones europeas.

Desde el acuerdo político de 2019, asistimos a una aceleración en la UE con el desarrollo del Pacto Verde Europeo. Actualmente se están debatiendo en Bruselas, a un ritmo vertiginoso, decenas de iniciativas normativas que afectan a la agricultura. Empezarán a tener un impacto real en nuestras explotaciones y cooperativas dentro de unos años. Incluso con las ambiciones del instrumento adicional sobre sostenibilidad, que muy probablemente no incluirá ninguna medida de ejecución seria, está claro que la UE no puede pedir a los países del Mercosur las mismas normas de producción en las explotaciones que pretende imponer a sus propios agricultores. Las diferencias entre las realidades agrícolas de los países de la UE y del Mercosur, aunque sólo sea por la escala, son inmensas. Lo mismo ocurre con las normas de producción en las explotaciones.

¿Pretende la Comisión proponer la ley de restauración de la naturaleza también para las explotaciones agrícolas de los países del Mercosur? ¿Cree que puede imponer su ambición de reducir en un 50% el uso de pesticidas en otros lugares?

¿Cree que las normas de bienestar animal aplicadas en la UE pueden realmente imponerse y controlarse en los países del Mercosur?

Brecha creciente
Existe una brecha cada vez mayor entre los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la UE relacionados con el sector agrícola y aquello ante lo que está dispuesta a hacer la vista gorda cuando se trata de acuerdos comerciales.

Como Copa y Cogeca apoyamos el comercio internacional, siempre que sea justo, equilibrado y transparente. Sin embargo, no podemos aceptar, bajo ningún concepto, que se debiliten las normas europeas o que se penalice en el mercado a ningún agricultor europeo por seguirlas.

A pesar del acceso concedido a los productos de la UE, como el vino, los productos lácteos, el aceite de oliva, algunas frutas, hortalizas e IG, el acuerdo de Mercosur es desequilibrado en su capítulo agrícola, afectando especialmente a los ya frágiles sectores agrícolas como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, el zumo de naranja, el azúcar y el etanol. 

También se suma a la preocupación por los impactos acumulativos y difíciles de cuantificar de todos los acuerdos ya firmados por la UE y más aún si se consideran los que están en proyecto.

Como ya se denunció en el anterior artículo de opinión sobre este tema, con la ulterior aplicación del Acuerdo Verde, la brecha en las normas aplicadas a los agricultores de la UE y del Mercosur no hará más que aumentar. Este aumento es insostenible para los productores europeos, y el acuerdo con Mercosur no hará sino agravar este problema, ya que este acuerdo se diseñó años antes del lanzamiento de la estrategia "de la granja a la mesa" o de la guerra en Ucrania. Era inaceptable entonces y lo es aún más hoy.

Como presidentes del Copa y de la Cogeca seguiremos denunciando este acuerdo, y pedimos a la Comisión que empiece a abordar claramente estas cuestiones fundamentales y no añada sal a una herida abierta.