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- España
Anice pide al ministro Planas que se prioricen las medidas que aseguren el futuro del sector ganadero-cárnico

El comité ejecutivo de Anice ha mantenido una reunión con Luis Planas, ministro de Agricultura, para presentarle las medidas que consideran necesarias para estimular y proteger la industria cárnica española. Alberto Jiménez, presidente de Anice, mostró las dificultades que ha atravesado la industria cárnica en el año 2023, "soportando fuertes tensiones del lado del aprovisionamiento, con una materia prima cárnica excepcionalmente cara, que alcanzó máximos históricos durante la mayor parte del año", asegura la asociación en un comunicado. Por parte de ANICE, además del presidente, asistieron Raúl García (Consejero Delegado del Grupo Montesano), Elena Martínez (Consejera Delegada de Martínez Somalo) y Giuseppe Aloisio, director general de Anice.

“El 2023 ha sido un año en el que el sector ha tenido que hacer acopio de fortaleza para hacer frente a una serie de factores negativos, como han sido la bajada generalizada del consumo de carne y derivados en los hogares, las incertidumbres derivadas del conflicto en Oriente Medio, las dificultades de aseguramiento de las instalaciones industriales, el encarecimiento de los costes financieros, la pérdida de competitividad en los mercados exteriores, sin olvidar los ataques constantes y continuos a la carne, sólo por citar algunos”, ha recordado Alberto Jiménez.

La asociacion ha entregado a Planas el documento “60 medidas para el futuro del sector cárnico español”. Este se divide en once áreas temáticas y dos ámbitos (el nacional y el europeo). Detalla algunas de esas medidas que pasan por declarar al sector ganadero-cárnico como un sector estratégico para la economía española o por articular apoyos para la defensa de la reputación del sector.

“Es el momento de avalar con criterios científicos las recomendaciones nutricionales realizadas por las administraciones públicas y coordinar campañas de fomento de consumo equilibrado de la carne, dentro del marco de una dieta equilibrada. Para ello, sería oportuno aprovechar las campañas de promoción institucionales”, ha defendido el presidente de Anice, que también ha vuelto a reclamar medidas de estímulo fiscal como la reducción del IVA en la carne, por su consideración de producto esencial para la alimentación humana, y para favorecer el acceso a los productos de proteína animal por las familias económicamente más vulnerables.

Una vez más, se ha planteado la petición de unificar las competencias de Sanidad Exterior en el ministerio de Agricultura, en lo que se refiere a la exportación a países terceros, con el refuerzo de las estructuras administrativas existentes y con el objetivo de evitar disfunciones entre los distintos departamentos del Gobierno de España (agricultura y sanidad), actualmente competentes en esta materia. 

Además, desde Anice se reclama restringir al máximo el comercio y los movimientos transfronterizos de animales vivos, sobre todo ovino, con el norte de África, por el riesgo de “importar” enfermedades que harían peligrar el enorme esfuerzo del sector en mercados exteriores.

Otro de las necesidades que Anice ha detectado es la definición de un nuevo marco legal para la defensa de las denominaciones cárnicas de los productos, frente a los productos de proteína vegetal, ha sido otro de los asuntos abordados durante la reunión, en la que el Comité Ejecutivo de ANICE, recordó las iniciativas legislativas iniciadas en países vecinos como Francia o Italia, como medida de protección de la identidad alimentaria de su sector cárnico, frente a los ultraprocesados vegetales.

El sector ha mostrado su escepticismo con el anuncio de refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuando en la realidad los eslabones de la cadena no reciben la misma protección, máxime cuando el sector industrial se encuentra entre la producción primaria, tradicionalmente protegida por esta ley y la distribución. Anice confía también que la nueva convocatoria del PERTE agroalimentario tenga requisitos de acceso más flexibles y que permita que las ayudas lleguen a las pequeñas empresas. 

Jiménez también ha transmitido al Ministro la importancia del papel de su departamento en proyectos sectoriales de futuro, como la IGP Jamón Serrano, cuya tramitación ha sido judicializada por otras figuras de calidad españolas y el proyecto de protección del término ibérico, a través de una IGP reputacional, que permita defender internacionalmente esta producción tan emblemática para el sector agroalimentario español. 

En materia de sostenibilidad, la asociación ha subrayado los enormes esfuerzos acometidos por el sector para adaptarse a las normativas de las nuevas políticas verdes europeas, y ha alertado sobre las consecuencias que están teniendo las nuevas cargas reglamentarias, para la sostenibilidad económica de las empresas. Existen evidencias de porcentajes cada vez más importantes de los costes regulatorios actuales y una honda preocupación por los futuros, que lleguen desde Bruselas.

Alberto Jiménez tuvo ocasión de recordar también que la industria agroalimentaria española (y naturalmente la industria cárnica), se encuentra en un gravísimo déficit de cobertura de seguros contra incendios, debido a la negativa frontal de las compañías de seguro de renovar las pólizas de seguro existentes o aplicando, en su renovación, elevadísimas primas de seguro.

Finalmente, desde ANICE se aplaudió el anuncio político-diplomático del inicio del proceso de apertura de las exportaciones de carne de vacuno a China, reclamando por un lado, la máxima celeridad en la cumplimentación de los trámites, que permitan a la industria cárnica del vacuno, acceder a un importantísimo mercado internacional y por el otro lado, intentar incluir desde el principio a los subproductos y vísceras, que son muy apreciados en el mercado asiático y representan una gran oportunidad de creación de valor para el sector del vacuno español.

El ministro Planas, por su parte, ha agradecido el trabajo de síntesis del documento y se ha mostrado muy receptivo con muchos de los temas abordados e incluidos en el documento, que se considerarán como una primera contribución del sector para la Estrategia Nacional de Alimentación. Algunos de los asuntos planteados por Anice ya están en la agenda ministerial y otros en estudio, como la unificación de competencias en materia de comercio exterior. Para la defensa de las denominaciones cárnicas, se mostró abierto a una actualización o revisión de los actuales instrumentos legislativos de protección, que se elevarán a Bruselas para que se aborden en clave europea y no singularmente por los estados miembros, como en Francia o Italia.

El Ministro ha reiterado el apoyo a la IGP del Jamón Serrano, bien consciente de la judicialización en curso y ha deseado que el sector ibérico sepa encontrar puntos de encuentro entre los distintos actores para llevar a cabo sus proyectos futuros, entre ellos, la IGP. 

Contundente ha sido su rechazo al Nutri-Score y la necesidad de encontrar el mejor modelo para el etiquetado frontal de alimentos. Actualmente no hay acuerdo entre los distintos estados miembros y será necesario forjar alianzas políticas con otros estados miembros (nadie tiene mayoría cualificada ahora mismo) para métodos no discriminatorios con los alimentos. No podrá prohibirse su utilización, pero garantiza que será uno de los debates de la próxima legislatura en Europa.

El Ministro estuvo acompañado por el Secretario General de Recursos Agrarios y Alimentación, Fernando Miranda, por el Director General de Alimentación, José Miguel Herrero, por la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Ana Rodríguez, el Director del Gabinete del Ministro, Miguel Ruíz y la Vocal Asesora del Gabinete, María Teresa Amaro.

Pese a la coyuntura económica poco favorable, el sector cárnico ha sido capaz de superar el umbral de los 33.000 millones de euros de facturación, el 27,3% del total alimentación, con una cifra récord de exportaciones en 2023, de 10.583 millones de euros y una balanza comercial del 625%. Importante también la cifra de 113.464 trabajadores directos (el 29,5% de la ocupación total en la industria alimentaria española), que trabajan en las casi 3.500 empresas del sector, ubicadas en su mayoría en zonas rurales.  
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