La Comisión Europea envió la semana pasada a la Presidencia belga un documento en el que se describen las primeras medidas posibles para ayudar a reducir la carga administrativa que pesa sobre los hombros de los agricultores. El documento, que se debatirá con los Estados miembros en el Consejo de Agricultura del 26 de febrero, enumera una serie de medidas a corto y medio plazo que pueden adoptarse para lograr la simplificación. Esto servirá de base para los debates y la acción conjunta con los países de la UE.

Las acciones enumeradas en el documento tienen en cuenta las contribuciones de las administraciones nacionales, las principales organizaciones agrícolas de la UE y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. El documento de simplificación responde al compromiso asumido por la presidenta Von der Leyen en el Consejo Europeo del 1 de febrero de 2024.

PAC
El modelo de aplicación de la actual política agrícola común (PAC), basado en los planes estratégicos de la PAC decididos y aplicados a nivel nacional, ya representa un paso adelante en términos de simplificación y subsidiariedad en comparación con el período anterior. Los Estados miembros desempeñan un papel clave a la hora de mantener la carga administrativa para los agricultores limitada y proporcionada para alcanzar los objetivos de la legislación de la UE. Esta es la razón por la que cualquier ejercicio de simplificación que tenga éxito debe llevarse a cabo en estrecha cooperación con las administraciones nacionales y los propios agricultores.

En vista de ello, la Comisión pondrá en marcha en marzo una encuesta en línea dirigida directamente a los agricultores. Esta consulta específica ayudará a identificar sus principales fuentes de preocupación y a comprender las fuentes de carga administrativa y complejidad derivadas de las normas de la PAC, así como de otras normas de la UE para la alimentación y la agricultura en la UE, y su aplicación a nivel nacional. Esta encuesta ofrecerá ya en verano una imagen más clara de los principales obstáculos administrativos percibidos y a los que se enfrentan los agricultores. Sus resultados se incluirán en un análisis más detallado que se publicará en otoño de 2024.

Más allá de esta necesaria recopilación de pruebas, la Comisión propone medidas a corto y medio plazo que podrían aportar cierto alivio tanto a los agricultores como a las administraciones nacionales, que representan el primer punto de contacto para los agricultores y son responsables de la gestión y el pago de los fondos de la UE.

Primeras medidas
En primer lugar, la Comisión propone simplificar algunos de los requisitos de condicionalidad que deben cumplir los agricultores de la UE. El conjunto de normas básicas — denominadas BCAM (buenas condiciones agrarias y medioambientales) — que todos los agricultores deben cumplir para recibir su ayuda de la PAC ha demostrado ser difícil de aplicar en determinadas circunstancias.

La Comisión ya ha actuado concediendo para 2024 una exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho, la denominada BCAM 8. La Comisión propone ahora modificar las normas sobre la primera norma (BCAM 1), que impone el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes en la UE desde el año de referencia 2018. En virtud de este requisito, se podría pedir a los antiguos ganaderos con grandes prados que se vieron obligados a pasar a la producción de cultivos herbáceos debido a las perturbaciones del mercado en el sector cárnico y lácteo que reconvieran sus tierras de cultivo en pastos permanentes. Esta obligación podría dar lugar a una pérdida de ingresos para los agricultores afectados. La Comisión propone modificar estas normas antes de mediados de marzo para garantizar que se tengan en cuenta los cambios estructurales causados por la reorientación del mercado y la reducción del ganado, garantizando que no se penalice a los agricultores en su trabajo y contribuyendo a reducir la carga, ya que habría que reconvertir menos superficies en pastos permanentes.

La Comisión también revisará qué prácticas agrícolas pueden ser posibles durante períodos sensibles a la hora de cumplir la obligación de cubrir los suelos en el marco de la BCAM 6. La Comisión también anima a todas las partes interesadas a compartir su opinión sobre la carga administrativa que puede estar vinculada a la Directiva sobre nitratos. Esto puede hacerse a través de la consulta pública en línea abierta hasta el 8 de marzo de 2024.

En segundo lugar, la Comisión propone simplificar la metodología para determinados controles, con el fin de reducir hasta un 50 % el número de visitas a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales. Esta medida responde directamente a las solicitudes de los Estados miembros. La Comisión propone racionalizar y aclarar cómo evaluar la calidad del sistema de seguimiento de superficies. Este último es un sistema basado en el análisis automatizado de imágenes por satélite de Copernicus, destinado a reducir las inspecciones en las explotaciones, ayudar a los agricultores a evitar errores e imponer sanciones, así como a facilitar la notificación. Con menos visitas de la administración para gestionar, los agricultores dispondrán de más tiempo para dedicarse a su trabajo principal.

En tercer lugar, la Comisión propone aclarar el uso del concepto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales. Este concepto jurídico permite que los agricultores que no puedan cumplir todos sus requisitos de la PAC debido a acontecimientos excepcionales e imprevisibles fuera de su control (como en casos de sequías graves o inundaciones) no se les impongan sanciones. Esta aclaración apoyará a las administraciones nacionales en la aplicación de esta disposición y garantizará su aplicación uniforme en toda la Unión. Esto también mejorará la seguridad de obtener ayuda de la PAC para los agricultores afectados por estos desafortunados acontecimientos. En términos más generales, la Comisión trabajará con los Estados miembros para determinar posibles formas de racionalizar los controles.

En su documento, la Comisión también menciona medidas adicionales a medio plazo que pueden aliviar las cargas para los agricultores, especialmente los pequeños agricultores, y podría considerar la posibilidad de proponer cambios a tal efecto en los Reglamentos de base de la PAC acordados por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2021.

Una propuesta presentada puede consistir en eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad (BCAM). Esta exención simplificaría significativamente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65 % de los beneficiarios de la PAC, manteniendo al mismo tiempo las ambiciones medioambientales de la PAC, ya que las pequeñas explotaciones solo cubren el 9,6 % de las zonas que reciben ayudas de la PAC. Además, en caso de que se modifiquen los Reglamentos de base a medio plazo, la BCAM 8 sobre tierras en barbecho, la BCAM 7 sobre rotación de cultivos y la BCAM 6 sobre la cobertura del suelo podrían revisarse para reducir aún más la carga para los agricultores.

Paralelamente, la Comisión facilitará el intercambio de las mejores prácticas de simplificación por parte de los Estados miembros entre los distintos organismos de cooperación pertinentes (es decir, grupos de expertos, comités y otros).

Al examinar las propuestas de simplificación, la Comisión tuvo en cuenta los efectos de estas propuestas en los objetivos medioambientales y la ambición de la política agrícola común. También garantizan la continuación de un marco legislativo estable y predecible para los agricultores de la UE, basado en la actual PAC, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Para seguir respondiendo a la actual situación de crisis en el sector agrícola, la Comisión también está trabajando en medidas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y protegerlos contra las prácticas comerciales desleales, que se presentarán en breve. Dado que los agricultores suelen ser el eslabón más vulnerable de la cadena de valor alimentaria, estas acciones pueden abarcar cuestiones como la transparencia del mercado, las prácticas comerciales en la cadena de valor y los costes de producción.