Poco después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, firmara con Luis Cortés. coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, el acuerdo sobre las 43 medidas propuestas para solucionar los problemas del campo y de la ganadería de nuestro país, la organización agraria Asaja emitía un comunicado en el que considera que algunas de las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura tras las protestas de los agricultores y ganaderos "llegan tarde y una vez pasada la planificación y siembra por parte de los titulares de las explotaciones". 

Aseguran desde Asaja que valoran "el mantenimiento de la devolución del Impuesto de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, así como las reducciones en las facturas en el IRPF de los carburantes y los fertilizantes, del 15% del rendimiento neto en el régimen de módulos del IRPF, al igual que la nueva medida de no incluir el IVA compensatorio en la base imponible del IRPF en módulos para alcanzar el límite de 250.000 euros para la permanencia en el régimen".

Sin embargo, "hay otros aspectos muy relevantes para el día a día de la actividad productiva y comercial de los profesionales agrarios que quedan en barbecho o sin vías de solución". 

La ganadería es, en opinión de Asaja, la gran olvidada del documento de propuestas del Ministerio de Agricultura y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.    

Por todo ello, la Junta Directiva de Asaja "no considera que las propuestas presentadas por el Ministerio de Agricultura sean suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con la campaña de movilizaciones que durante mas de dos meses se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional".

Otra de las organizaciones que no ha aceptado las medidas propuestas por el MAPA, ha sido Unión de Uniones Castilla-La Mancha, argumentando a través de un comunicado que "nuestros compañeros han entendido que lo mejor es negociar desde dentro para no dejarlo en manos de otros, pero nosotros entendemos que no, ya que antes de cualquier firma es necesario negociar, por lo que rechazamos la firma de este documento que claramente es insuficiente".

"Es necesaria mayor claridad y contundencia en las medidas a tomar desde el Gobierno español para que el sector profesional agrario sobreviva", reclaman.

"Esta situación nos hace plantearnos seriamente nuestra posición en el organigrama de la Unión de Uniones estatal. Cuestión que iremos abordando en los próximos días", puntualizan.