Organizaciones empresariales de fabricantes de alimentos en Brasil han criticado la orden ejecutiva del gobierno en la que se imponen nuevas normas para el uso de créditos fiscales, alegando que las reglas son inconstitucionales y harán que las empresas sean menos competitivas en los mercados globales.

La reacción representa la última prueba en la frágil relación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el poderoso sector agroindustrial, que había apoyado a su predecesor Jair Bolsonaro.

ABPA y ABIEC, que representan a gigantes de la carne como JBS y BRF, dijeron que la medida obligará a las empresas a depender más de los bancos para obtener crédito, aumentando los gastos y sobrecargando sus operaciones. "El efecto sobre los costos de producción es directo e inmediato", decía su comunicado, agregando que la medida podría desencadenar inflación de alimentos y pérdida de empleos en Brasil.

El gobierno dijo que simplemente está tratando de cerrar lagunas que benefician a varias industrias, mientras busca recaudar casi 30.000 millones de reales (5.660 millones de dólares) para eliminar el déficit primario presupuestario este año.

Los sectores más afectados incluyen el farmacéutico, el cárnico, el frutícola, el café, los cereales y el biodiesel.