El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del posicionamiento consensuado entre la Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias andaluzas (Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias) ante la firma del Acuerdo entre la UE y Mercosur del 6 de diciembre de 2024 y la posición de desventaja en la que queda el sector agrario andaluz.

La rúbrica entre la Comisión Europea y los cuatro países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) prevé, en su parte comercial, la liberación de los intercambios de mercancías entre ambos bloques económicos, incluidos los productos agroalimentarios. Este acuerdo supondrá un escenario para el sector agrario andaluz en el que se prevé una clara competencia desleal, dado que los productos del Mercosur no están obligados a cumplir los mismos estándares de calidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental que rigen en la UE. Asimismo, traerá consigo un claro impacto en los precios locales, por la entrada masiva de productos latinoamericanos fruto de una reducción o supresión de aranceles, y riesgos para la seguridad alimentaria, por la distinta legislación en materia de uso de pesticidas, prohibidos en la UE.

En esta línea, se alerta también de la pérdida de soberanía alimentaria a raíz de este convenio y de su impacto negativo desde el punto de vista social para el mundo rural, clave para Andalucía, donde la agricultura es un pilar económico y social, lo que agravaría la despoblación rural y las desigualdades económicas.

Ante esta situación, tanto la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, promotora de este posicionamiento común, como las organizaciones agrarias reclaman a la UE un nivel adecuado de autonomía alimentaria que garantice la autosuficiencia, pieza clave ante situaciones de crisis vividas recientemente, como el Covid-19 o la guerra en Ucrania, así como el mantenimiento del tejido social y económico de las zonas rurales, cuya pérdida de actividad provocará despoblamiento y concentración en grandes núcleos urbanos.

Además, la Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias andaluzas solicitan garantías en la seguridad alimentaria de las importaciones, así como una competencia leal en materias clave como el respeto por el medio ambiente, la salud humana, vegetal y animal, tal y como se realiza con la producción de los países miembros, y un cumplimiento real de lo dispuesto en lo concerniente a las cantidades importadas.

Por otra parte, las peticiones del sector agrario y del Gobierno andaluz requieren una mayor transparencia de los elementos de este acuerdo relativos al propio sector agroalimentario; un análisis previo del impacto sobre éste desde el punto de vista global, sectorial y territorial; la introducción de cláusulas espejo para garantizar una competencia en igualdad de condiciones; la puesta en marcha de mecanismos para permitir la vigilancia del correcto cumplimiento de lo firmado y la inclusión de medidas compensatorias para los territorios especialmente afectados por este tratado.

Para la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias, la liberalización comercial debe realizarse siempre con condiciones justas y de equidad para no caer en la competencia desleal, sobre todo cuando Andalucía es una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios, con un crecimiento que la ha llevado a sobrepasar recientemente los 14.000 millones de euros anuales de ventas, lo que supone duplicar las cifras de hace una década y demuestra el alto nivel de competitividad de este sector y la importancia que tiene el comercio internacional para todos sus actores.