- España Desmantelada una red dedicada a la
comercialización ilegal de productos cárnicos sin
control sanitario
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La Guardia Civil ha desmantelado una
organización criminal dedicada a la
introducción ilegal de ganado ovino y caprino en
la cadena alimentaria.
Así, en la denominada operación Pox, cinco personas
han sido detenidas y otras 12 han sido investigadas por
varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad
documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
No obstante, se prevén nuevas personas investigadas por estos
hechos.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente
(UCOMA) han realizado siete entradas y registros,
cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones
ganaderas y mataderos. Asimismo, se han
inspeccionado nueve restaurantes, cuatro de ellos han sido cerrados
cautelarmente, y una explotación ganadera clandestina.
En estas actuaciones, desarrolladas en las provincias de Madrid,
Toledo y Ávila, se ha intervenido 10.000 euros en efectivo,
numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos,
instrumental utilizado para el sacrificio de animales y
medicamentos veterinarios. Más de 350 animales han tenido
que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de
inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles.
Explotación ganadera y matadero
clandestinos
El principal investigado gestionaba una explotación
ganadera situada en la provincia de
Toledo que operaba de forma
clandestina, al no estar registrada en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación hacía
ilegal cualquier entrada o salida de animales desde dicha
instalación.
Junto con otro de los implicados, realizaban transportes
irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales
tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos
hasta la explotación clandestina. Para tratar de ocultar esta
actividad ilícita, utilizaban documentación falsificada con el fin
de simular que los traslados eran legales.
Una parte de los animales era enviada directamente a un
matadero autorizado de la provincia de Ávila, en
el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal. Otra parte se
trasladaba hasta otra explotación ganadera en San Fernando de
Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero
clandestino principal del entramado. En este lugar, los
animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones
higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la
normativa de bienestar animal.
Carne distribuida en
restaurantes y a particulares
Parte de la carne procedente de estos sacrificios ilegales era
distribuida a través de canales no
autorizados. Uno de los detenidos, participaba en el
sacrificio de los animales y posteriormente distribuía la carne a
nueve restaurantes en la provincia de Madrid, los
cuales la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a
domicilio a través de plataformas en línea.
Asimismo, se ha constatado que varios de los investigados recogían
de forma habitual carne en los mataderos clandestinos para
distribuirla entre particulares en diferentes localidades
madrileñas, sin ningún tipo de control ni
trazabilidad.
La investigación ha determinado que la actividad delictiva se
desarrollaba dentro de una estructura criminal
organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en
los que cada integrante desempeñaba un rol específico. Esta
coordinación permitía sortear los controles de las autoridades y
multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas, destaca el uso de
pagos en efectivo y en “B”, así como la facturación por debajo del
precio real del ganado para evadir impuestos, lo que constituye una
modalidad de blanqueo de capitales.
La operación Pox, por su complejidad, ha requerido
la colaboración de Europol y diversas Unidades de
la Guardia Civil, entre ellas las Unidades del
SEPRONA de Madrid, Toledo y Ávila, además de
contar con el apoyo de la Policía Municipal de
Madrid.
Por otro lado, se ha contado con la colaboración tanto del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como de las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas afectadas en
las distintas materias, siendo estas la Dirección General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Dirección General de
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, además de la Subdirección
General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, en adición con
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla la Mancha.