La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) va a solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura, a través de una carta dirigida al Director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa, la eliminación de la obligatoriedad de implantar el crotal electrónico en las explotaciones de vacuno a partir del próximo 30 de junio, tal como recoge el artículo 5 del Real Decreto 787/2023.

Según COAG, la identificación electrónica obligatoria no sólo carece de fundamento legal en la normativa europea, sino que representa un claro perjuicio para las explotaciones ganaderas, especialmente en el medio rural. “La trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual de identificación convencional. Obligar a todo el sector a dar este paso sin una digitalización previa de la cadena es poner el carro antes que los bueyes”, ha declarado Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de COAG.

COAG recuerda además en su comunicado que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta obligación a nivel comunitario. De hecho, según datos de la propia Comisión Europea, únicamente cinco países han establecido de manera obligatoria la identificación electrónica en todo su territorio. “La norma española va mucho más allá de lo exigido por Bruselas. Pedimos coherencia y sensatez: que se ajuste a las verdaderas obligaciones europeas y se evite imponer cargas innecesarias al sector. Cada vez que abren la boca sube el pan… y en este caso el filete. Acabamos asumiendo más costes sin sentido”, se apunta desde la organización agraria.

Sobrecostes, dificultades en el manejo y desventaja competitiva
Entre los problemas concretos que acarrea esta medida, COAG destaca:

• El incremento del coste tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados.
• La paralización de movimientos de animales que pierdan un crotal electrónico, hasta su sustitución.
• La desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.

“La identificación electrónica no aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir. Es una decisión sin consenso y sin planificación”, ha subrayado Gargallo.

COAG insiste en que, antes de imponer esta medida, es imprescindible garantizar una digitalización real de toda la cadena, desde la explotación hasta los mataderos y oficinas veterinarias. Solo así podría hablarse de una transición útil hacia la automatización.

ASAJA se suma a las críticas
Por su parte ASAJA está totalmente en desacuerdo con la implementación de esta nueva e innecesaria obligación a partir del próximo 30 de junio, puesto que el sistema actual, basado en una identificación convencional individualizada, es suficiente y adecuado para permitir y garantizar la trazabilidad de los animales. El crotal electrónico no ofrece ninguna garantía adicional en lo que se refiere a trazabilidad, supone un sobrecoste y dificulta la gestión del manejo y el movimiento de animales.

El mayor coste de los crotales y de los duplicados, la imposibilidad de realizar el movimiento de animales que han perdido el crotal electrónico hasta su sustitución, o el manejo y la distorsión que se dará con los animales importados, en los que esta identificación no es obligatoria, son tres de los problemas que se presentan ante esta nueva obligación, según esta organización.

"Entendiendo que la identificación electrónica puede suponer un avance en la automatización de los procesos en los cebaderos industriales, para que sea realmente útil a nivel general es necesario que la cadena esté preparada con la tecnología adecuada. Es evidente que en este momento no se da esta circunstancia", señala el comunicado.

Por tanto, ASAJA considera "inaceptable que tenga que implantarse de forma obligatoria en todo el sector. Si se quiere trabajar en este sentido, en primer lugar, tendría que facilitarse y promoverse la digitalización de la cadena".